El presidente Abelardo De la Espriella anunció la designación de Cristina Lombana como nueva secretaria de Transparencia, dependencia adscrita a la Presidencia de la República encargada de formular políticas contra la corrupción y de velar por el uso adecuado de los bienes del Estado. Según el mensaje divulgado por el mandatario en su cuenta en X, la funcionaria recibió la instrucción directa de “perseguir a los corruptos” y de “cuidar los recursos” públicos.
En su pronunciamiento, el jefe de Estado lanzó una advertencia de tono fuerte: “A los corruptos se les acabó la fiesta”. Con esa frase, De la Espriella fijó la línea política de su gobierno frente a uno de los flagelos que más desgastan la confianza ciudadana en las instituciones. La declaración fue acompañada de un pedido explícito de resultados a Lombana, a quien conminó a entregar resultados concretos en el ejercicio de su cargo.
La Secretaría de Transparencia es la entidad del Gobierno nacional responsable de diseñar y coordinar la política pública de integridad, de articular acciones con las ramas del poder público y de promover mecanismos de participación y control ciudadano. Su titular, usualmente de alta confianza presidencial, actúa como enlace entre la Presidencia, los organismos de control y la ciudadanía en temas de lucha anticorrupción. La llegada de Lombana se da en un momento en el que el Gobierno ha reiterado la lucha contra la corrupción como prioridad de su agenda.
Cristina Lombana es una funcionaria con trayectoria en el sector justicia. Se desempeñó como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, estuvo al frente de procesos por delitos relacionados con la corrupción y la delincuencia organizada y ha sido reconocida por investigaciones contra exmagistrados y altos funcionarios. Su perfil judicial le otorga un conocimiento técnico del aparato investigativo del Estado, lo que la sitúa como una funcionaria con experiencia directa en la persecución penal de redes de corrupción, aunque su nuevo rol es de carácter preventivo y de política pública, no de instrucción penal.
El mensaje del presidente fue publicado en la red social X, plataforma que ha servido como canal directo del Gobierno para comunicar decisiones de alto nivel sin el filtro de una rueda de prensa. La escogencia de ese medio refuerza el carácter político del anuncio, dirigido tanto a la opinión pública como a los propios funcionarios del Estado. Al pedir “resultados”, De la Espriella establece un criterio de evaluación pública sobre la gestión de la nueva secretaria, en un cargo que suele ser medido por la expedición de normas, la articulación institucional y el avance de investigaciones en curso.
La designación llega en un contexto de creciente atención ciudadana sobre el manejo de los recursos públicos. Organizaciones de control y veedurías ciudadanas han señalado de manera reiterada la necesidad de fortalecer la transparencia en la contratación estatal, la financiación de campañas y el uso de los bienes decomisados a organizaciones criminales. Aunque el Gobierno no publicó en el anuncio datos específicos sobre nuevos instrumentos o investigaciones, el llamado presidencial marca la pauta de que la secretaría deberá actuar con mayor visibilidad y contundencia frente a los casos que se encuentren en curso.
Para la ciudadanía, el mensaje tiene implicaciones directas: la Secretaría de Transparencia es la dependencia a la que pueden acudir ciudadanos y periodistas para reportar riesgos de corrupción en entidades públicas. El énfasis del presidente en “cuidar los recursos” sugiere que la funcionaria deberá prestar atención especial a áreas sensibles como la contratación, la nómina oficial y el manejo de regalías. A la vez, sectores de la academia y del control ciudadano han pedido en otras oportunidades que las políticas anticorrupción vayan acompañadas de protección a denunciantes, transparencia activa y rendición de cuentas verificable, elementos que no fueron detallados en el pronunciamiento inicial.
Quedan varios elementos por definir en las próximas semanas. Entre ellos, los ejes concretos de la agenda de Lombana, las prioridades investigativas que respaldará la secretaría y los mecanismos de articulación con la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. El Gobierno también tendrá que precisar si la nueva secretaria asumirá el liderazgo de los decretos y estrategias del Estatuto Anticorrupción vigentes. La exigencia presidencial de “resultados” deja abierta la expectativa de que la gestión de Lombana sea evaluada por la opinión pública con base en indicadores verificables y no solo en declaraciones.
La comunicación oficial del Gobierno y los reportes periodísticos pueden consultarse en la cuenta oficial del presidente en la red social X, donde fue publicado el pronunciamiento.