El presidente Abelardo de la Espriella ordenó militarizar Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, tras el asesinato de alias Cholo. El anuncio lo hizo el propio mandatario, según reportó La Opinión, y contempla el despliegue de la Fuerza Pública para reforzar el control en la ciudad.
Alias Cholo era un reconocido cabecilla de una estructura criminal que operaba en la región Caribe colombiana. Su muerte se produjo en medio de disputas entre grupos armados por el control de rentas ilegales, una situación que ha incrementado la percepción de inseguridad entre los samarios durante los últimos meses.
Con la orden presidencial, tropas del Ejército y efectivos de la Policía llegarán a los barrios y zonas estratégicas de Santa Marta. El objetivo, según lo expresado por el jefe de Estado, es blindar a la capital del Magdalena y devolver la tranquilidad a sus habitantes, golpeados por hechos violentos recientes.
Santa Marta venía registrando una escalada de hechos de sangre ligados al crimen organizado, incluidos ajustes de cuentas y enfrentamientos entre bandas. La ciudad, que además es uno de los principales destinos turísticos del país, ha visto afectada su imagen por la reiteración de estos episodios.
La medida de militarización implica restricciones a la circulación en ciertos horarios, puestos de control permanentes y operativos focalizados en los sectores identificados como más críticos. Las autoridades competentes serán las encargadas de coordinar el despliegue con las fuerzas desplegadas en la zona.
Desde el Gobierno nacional se insistió en que la intervención busca proteger a la población civil y garantizar el libre desarrollo de las actividades económicas y sociales en la ciudad. Comerciantes, gremios turísticos y líderes comunitarios venían reclamando acciones urgentes ante el deterioro del orden público.
La decisión presidencial se conoce mientras el Magdalena enfrenta uno de los momentos más complejos en materia de seguridad en los últimos años. Organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo han advertido sobre el riesgo que corren las comunidades vulnerables en medio de la disputa territorial entre grupos armados.
Habitantes de Santa Marta esperan que la presencia militar se traduzca en una reducción efectiva de los hechos violentos y en mayor protección para los barrios más afectados. El Gobierno, por su parte, no entregó por ahora un plazo definido para la duración del dispositivo ni el número exacto de uniformados que llegarán a la ciudad.
Queda pendiente conocer los resultados de las investigaciones que permitan esclarecer el asesinato de alias Cholo y dar con los responsables. Las autoridades también deberán evaluar si el reforzamiento militar es suficiente o si se requieren medidas estructurales adicionales para enfrentar el fenómeno criminal en la región.