El presidente Abelardo De La Espriella instruyó a las autoridades a ejecutar una ofensiva inmediata contra el robo de crudo y combustible en el país. La directriz fue reportada por Blu Radio, que señaló que el jefe de Estado habló de pérdidas superiores a 500.000 millones de pesos cada año por cuenta de esta actividad ilegal.
La orden presidencial contempla una operación conjunta entre las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia del Estado. El objetivo, según la información divulgada por Blu Radio, es desmantelar toda la cadena criminal vinculada a la extracción, transporte y venta clandestina de hidrocarburos.
Colombia arrastra desde hace más de una década un problema creciente de robo de crudo, conocido popularmente como "pillaje" o hurto a la infraestructura petrolera. Esta práctica incluye la perforación ilegal de oleoductos, la sustracción de crudo en campos y el desvío de combustibles desde carrotanques y estaciones de servicio. Las zonas con mayor afectación suelen ubicarse a lo largo de los corredores de transporte de petróleo, en regiones como el Magdalena Medio, el Catatumbo, Arauca y Putumayo.
El fenómeno no solo afecta a las empresas del sector petrolero, que ven reducidos sus volúmenes transportados y vendidos. También golpea a las finanzas públicas, pues buena parte del crudo robado sale del mercado sin pagar regalías ni impuestos. A esto se suma el riesgo ambiental, porque las perforaciones clandestinas suelen provocar derrames que contaminan suelos y fuentes de agua.
Para los ciudadanos, el impacto se traduce en varias dimensiones. La gasolina y el ACPM de origen ilegal suelen venderse a precios más bajos en zonas informales, lo que deprime a los vendedores legales y reduce los ingresos de municipios que dependen de impuestos a los combustibles. Además, los atentados contra oleoductos han provocado emergencias en municipios enteros, con comunidades enteras evacuadas por riesgo de explosión o contaminación.
La orden de De La Espriella llega en un momento en el que el sector de hidrocarburos sigue siendo una de las fuentes principales de divisas para el país. La caída en la producción y el ataque constante a la infraestructura han sido motivos de queja reiterados por parte de Ecopetrol y de los gremios del sector. Una ofensiva sostenida implicaría coordinación con la empresa estatal y con las Fuerzas Militares, que ya realizan tareas de vigilancia en los principales poliductos.
Blu Radio no reportó en su extracto los nombres de los ministros ni de los comandantes militares que encabezarán la operación. Tampoco se conocieron los plazos específicos que el Presidente fijó para los primeros resultados. Queda pendiente conocer los indicadores que se usarán para medir el éxito de la ofensiva y la estrategia judicial para procesar a los responsables.
El reto para el Gobierno es que las redes dedicadas al robo de combustibles suelen operar con apoyo de grupos armados ilegales que controlan territorios estratégicos. Esto convierte cualquier operativo en una acción de alto riesgo para la fuerza pública y exige una coordinación precisa entre inteligencia militar, policía judicial y empresas transportadoras de crudo.
En las próximas semanas se espera que el Ejecutivo entregue detalles sobre los recursos destinados a esta ofensiva, las regiones priorizadas y los mecanismos de denuncia ciudadana para reportar puntos de venta ilegal de combustible. La ciudadanía, mientras tanto, observa si la orden presidencial se traduce en resultados concretos o si se suma a los múltiples anuncios de lucha contra el delito que no siempre llegan a buen puerto.