El presidente Abelardo de la Espriella informó que su Gobierno dispondrá asistencia jurídica para los exmilitares colombianos que se encuentran detenidos en Estados Unidos, en el marco de la investigación por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021. El anuncio lo hizo el propio mandatario a través de su cuenta en la red social X, según reportó la fuente.
En el mensaje, De La Espriella fue enfático en solicitar que se conozca con exactitud qué ocurrió aquella noche en Puerto Príncipe y que se determine la responsabilidad individual de cada uno de los involucrados en el magnicidio. “Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno”, escribió el jefe de Estado.
La decisión implica que el Estado colombiano asumirá la representación legal de los connacionales que permanecen bajo custodia en territorio estadounidense. Este acompañamiento se suma al seguimiento consular que tradicionalmente ofrece la embajada de ese país, y se enmarca en la obligación del Estado de garantizar el debido proceso y el acceso a la defensa técnica de sus ciudadanos en el extranjero.
El asesinato de Moïse, perpetrado el 7 de julio de 2021 en su residencia privada, sacudió la ya frágil institucionalidad haitiana. En las semanas siguientes, las autoridades de Haití y de Estados Unidos detuvieron a decenas de personas, incluidos ciudadanos colombianos con pasado militar, que habrían participado en distintas etapas del operativo. Varios de esos exintegrantes de las Fuerzas Militares colombianas fueron extraditados o trasladados a ese país para ser juzgados.
Para Colombia, el caso tiene repercusiones sensibles. Una parte de los detenidos son veteranos con años de servicio en las Fuerzas Militares y la Policía, algunos con formación en operaciones especiales. Esa biografía ha abierto interrogantes sobre las rutas de reclutamiento de mercenarios, el papel de empresas de seguridad privada en Haití y el control que el Estado colombiano ejerce sobre el tránsito de exuniformados al extranjero.
El anuncio también ocurre en un momento de presión diplomática entre Bogotá y Puerto Príncipe. Haití ha reclamado en varias ocasiones la colaboración activa de Colombia para esclarecer los hechos y para que los responsables colombianos comparezcan ante la justicia. Con esta orden, el Gobierno busca responder a ese reclamo sin anticipar juicios sobre la culpabilidad de los detenidos.
En lo que respecta a las familias de los exmilitares, la noticia representa una señal concreta de acompañamiento institucional. Hasta ahora, varios allegados habían denunciado dificultades para acceder a abogados en Estados Unidos y demoras en el proceso judicial, que se ha extendido durante casi cinco años sin sentencias en la mayoría de los casos abiertos.
Lo que sigue en las próximas semanas es la designación formal del equipo de abogados que asumirá la defensa, así como la coordinación con la Cancillería y con las autoridades estadounidenses para evaluar el estado procesal de cada detenido. La Casa de Nariño no entregó, hasta el momento de publicación de esta nota, una lista oficial de los beneficiarios de la asistencia ordenada por el presidente.