El presidente Abelardo de la Espriella confirmó este martes la decisión de trasladar a 20 personas privadas de la libertad que se encontraban recluidas en establecimientos carcelarios de Barranquilla hacia penales de Bogotá. La orden fue comunicada durante un pronunciamiento oficial del jefe de Estado, según registró El Heraldo.
El anuncio estuvo acompañado de una frase enfática del mandatario: “desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen”. Con esa declaración, el presidente enmarcó el traslado dentro de una postura más amplia sobre el papel que deben cumplir los centros de reclusión en la política de seguridad del país.
El traslado de internos entre regiones es una facultad que ejerce el Gobierno nacional a través del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), entidad adscrita al Ministerio de Justicia, responsable de administrar los más de 130 establecimientos que componen el sistema carcelario colombiano. Históricamente, el INPEC ha realizado movimientos de población reclusa por razones de seguridad, cupos o proximidad al lugar de origen del interno o de su proceso judicial.
La decisión se conoce en un contexto en el que las autoridades han señalado de manera recurrente que las cárceles funcionan como centros de coordinación para actividades delictivas, en particular la extorsión. Informes de la Fiscalía y de la Policía han documentado en años recientes el uso de teléfonos celulares y de visitas para mantener el control de estructuras criminales desde los patios de los penales.
Aunque la orden no detalla los delitos por los que fueron condenados los 20 internos trasladados, el Gobierno suele recurrir a esta medida cuando se sospecha que un recluso mantiene vínculos con redes criminales activas. El destino Bogotá responde a la concentración de penales de alta y media seguridad en la capital, entre ellos La Picota, Modelo y el Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta, que en realidad opera como un anexo del sistema capitalino.
Para los ciudadanos del común, el impacto inmediato se concentra en dos frentes. Por un lado, las familias de los reclusos que deberán asumir viajes más largos y costosos para las visitas. Por otro, las comunidades de Barranquilla que dejan de contar con una población carcelaria específica dentro de su sistema penitenciario local, lo que puede aliviar la presión sobre las estaciones de policía que funcionan como centros de detención transitoria en esa ciudad.
En materia de seguridad, el Gobierno busca que el alejamiento geográfico de los internos respecto de la región donde delinquían reduzca la capacidad de coordinación con sus estructuras. El traslado, sin embargo, no resuelve por sí solo el problema de fondo: el acceso a dispositivos de comunicación dentro de los penales, un punto que la Defensoría del Pueblo y organizaciones civiles han pedido atender con bloqueadores de señal.
Queda pendiente conocer los nombres de los internos trasladados, los delitos que purgaban y los penales de Bogotá que los recibirán, información que usualmente publica el INPEC en comunicados posteriores. El Gobierno también deberá explicar si la medida hace parte de una estrategia más amplia de reubicación de presos vinculados a organizaciones criminales en ciudades distintas a su zona de operación.
La fuente de esta información es El Heraldo, medio de Barranquilla que registró el pronunciamiento presidencial de este martes.