El presidente Abelardo de la Espriella pidió a las autoridades competentes poner bajo la lupa a varias empresas de seguridad privada señaladas de tener presuntos nexos con grupos armados ilegales. La solicitud se da en el marco de los primeros controles del Gobierno a este sector, que en Colombia es regulado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Según la información conocida, una empresa del sector ya tuvo su licencia cancelada por las autoridades de control. Otras cuatro compañías están en proceso de cancelación o a la espera de que las resoluciones queden en firme, lo que indica que las investigaciones administrativas se encuentran en distintas etapas de avance.
La seguridad privada en Colombia es una actividad regulada por la Ley 356 de 1994 y normas complementarias. Bajo este marco, las empresas deben cumplir requisitos de idoneidad de sus socios, capacitación del personal y operación en los servicios autorizados, como vigilancia, escolta, transporte de valores y blindaje. La Superintendencia de Vigilancia es la entidad encargada de supervisar, investigar y sancionar a las empresas que incumplan la normatividad.
El llamado del presidente se produce luego de que circularan versiones que apuntan a que algunas de estas compañías habrían sido utilizadas como fachada o habrían prestado servicios a estructuras criminales. Este tipo de denuncias se ha repetido en distintos momentos de la historia reciente del país, en especial en zonas donde confluyen economías ilegales y operaciones de vigilancia privada.
De confirmarse los nexos, la implicación directa recae sobre los ciudadanos y las empresas que contratan estos servicios, pues la confiabilidad del sector depende de que los operadores no tengan vínculos con actores armados. Las sanciones administrativas, que van desde multas hasta la cancelación de la licencia, buscan retirar del mercado a quienes no cumplan los requisitos legales.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tiene a su cargo el proceso de inspección, vigilancia y control de estas compañías. Las investigaciones administrativas se originan en denuncias, operativos de la Fuerza Pública o reportes de otras entidades del Estado, y pueden tardar meses en resolverse, especialmente cuando los recursos de reposición y apelación alargan los tiempos.
El pronunciamiento presidencial ocurre en las primeras semanas de gobierno, en un contexto de revisión de distintos frentes de la seguridad nacional. Sectores como el carabinero, la inteligencia y la cooperación con la Fiscalía han sido mencionados por el Gobierno como ejes de trabajo, por lo que el control a la seguridad privada se suma a esa agenda más amplia de orden y vigilancia institucional.
Queda pendiente conocer los nombres de las empresas investigadas, los departamentos donde operan y los grupos criminales con los que se les habría vinculado. También se espera que la Superintendencia publique las resoluciones de fondo una vez queden en firme, lo que permitirá a la ciudadanía y al sector empresarial conocer el alcance real de las sanciones.