El presidente Abelardo de la Espriella solicitó a la Cancillería que evalúe el caso del coronel en retiro Alfonso Plazas Vega y le brinde acompañamiento al oficial, según reportó la Agencia de Periodismo Investigativo. La solicitud es una intervención del primer mandatario en un proceso que concierne a un miembro retirado de las Fuerzas Militares.
Alfonso Plazas Vega es un coronel en retiro que ha sido sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por hechos relacionados con la retención y desaparición de personas en la Escuela de Caballería de Bogotá en enero de 1985. Su nombre aparece asociado al expediente conocido como el caso 01 de la JEP, que investiga violaciones a los derechos humanos atribuidas a integrantes del antiguo Batallón de Inteligencia Militar Charry Solano y la Escuela de Caballería.
La Cancillería es la dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores encargada de la política exterior del país y de la atención de asuntos diplomáticos y consulares. Su participación en un proceso interno ante la JEP es un procedimiento inusual, pues esa jurisdicción es de carácter judicial colombiano, no un asunto de relaciones exteriores.
En el pasado, casos de militares retirados han generado debate sobre los alcances de la justicia transicional y los compromisos del Estado colombiano con las víctimas. La JEP fue creada por el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC y tiene competencia sobre conductas graves cometidas por agentes del Estado y por excombatientes en el marco del conflicto armado.
El coronel Plazas Vega ha mantenido una postura de colaboración con la JEP y ha comparecido ante esa jurisdicción. Su situación procesal ha tenido altibajos a lo largo de los años y ha sido objeto de pronunciamientos públicos por parte de abogados, víctimas y organizaciones de derechos humanos.
La petición presidencial ocurre cuando el proceso en la JEP continúa en sus etapas de contrastación y decisión de fondo. El Gobierno nacional, en distintas oportunidades, ha expresado su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz y con el funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Por ahora, la Cancillería deberá definir el alcance del acompañamiento solicitado por el jefe de Estado y las acciones diplomáticas o administrativas que podrían emprenderse en el marco del proceso que adelanta la JEP contra el oficial retirado. La decisión final sobre la situación jurídica de Plazas Vega corresponde a los magistrados de esa jurisdicción.