Según el portal Ecopolíticos, el presidente Abelardo de la Espriella reveló el contenido de El Libro de la Verdad, una publicación en la que se recogen denuncias de corrupción contra el gobierno de Gustavo Petro. El anuncio se produjo en un contexto de fuerte confrontación política entre la actual administración y la anterior.
De la Espriella ha sostenido desde el inicio de su mandato que una de sus prioridades es investigar y denunciar las irregularidades que, a su juicio, ocurrieron durante el gobierno anterior. En distintas declaraciones, su equipo ha señalado la existencia de redes de contratación y de manejo irregular de recursos públicos en entidades del Estado durante el periodo 2022-2026.
El Libro de la Verdad, según la presentación realizada por el presidente, agrupa documentos, testimonios y registros que, de acuerdo con la fuente, dan cuenta de presuntas irregularidades en ministerios, agencias del Estado y programas sociales. Ecopolíticos no publicó en el extracto remitido los nombres específicos de los funcionarios ni los montos señalados.
La publicación coincide con un momento en el que la Fiscalía General y la Contraloría adelantaban investigaciones sobre convenios celebrados durante el gobierno Petro, en sectores como la gestión del riesgo, la salud pública y la ejecución de obras de infraestructura. El nuevo gobierno ha pedido a esos organismos acelerar los procesos y ampliar el alcance de las pesquisas.
Desde el gobierno anterior, sectores cercanos al petrismo han rechazado los señalamientos y los han calificado como parte de una estrategia de persecución política. En respuesta, voceros de la actual administración han defendido la legitimidad de las denuncias y han dicho que el objetivo es esclarecer los hechos y reparar el daño al patrimonio público.
Para la ciudadanía, el contenido del libro es relevante porque toca el manejo de recursos que financian programas sociales, obras y contratos en regiones afectadas por la pobreza y la violencia. Si las denuncias se corroboran, podrían derivar en sanciones disciplinarias, fiscales y penales contra exfuncionarios, y en procesos de responsabilidad fiscal a cargo de la Contraloría.
También abre un debate sobre la independencia de los organismos de control y sobre el papel del presidente en la denuncia pública de hechos que, por mandato constitucional, corresponden investigar a la Fiscalía y a la propia Contraloría. Analistas consultados por distintos medios han pedido que las pruebas sean entregadas a los organismos competentes y que se respete el debido proceso.
Por ahora, el gobierno no ha detallado si el documento incluye anexos reservados o si se entregó copia a alguna autoridad judicial. Tampoco se conoce si exministros o exdirectivos mencionados en la publicación han sido notificados formalmente. La expectativa es que, en los próximos días, la Casa de Nariño entregue más detalles sobre el alcance de El Libro de la Verdad.
Queda pendiente la respuesta oficial del gobierno anterior, la apertura de investigaciones formales por parte de la Fiscalía y la Contraloría, y la posibilidad de que el Congreso cite a debate de control político a los exministros señalados. La forma en que se tramiten estas denuncias marcará el tono de la relación entre el Ejecutivo, los organismos de control y la oposición durante el primer año de gestión de De la Espriella.