El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre uno de los lotes cedidos en Puerto Colombia y aseguró que su apropiación fue irregular. La declaración la entregó durante el acto de posesión del nuevo contralor de la República, según registró El Heraldo.
Puerto Colombia es uno de los municipios del área metropolitana de Barranquilla y ha sido escenario de varios debates por el uso de predios entregados o negociados por entidades públicas a lo largo de los años. La intervención del presidente vuelve a poner el tema en el centro de la conversación nacional.
En el mismo escenario, el jefe de Estado reiteró su compromiso de hacer responder a quienes hayan afectado el patrimonio público. La frase fue pronunciada en la ceremonia de posesión del contralor, es decir, frente a la autoridad encargada de vigilar los recursos del Estado.
La Contraloría General de la República es el organismo de control fiscal encargado de vigilar el manejo de los bienes y recursos públicos. El nuevo titular asume en un contexto en el que el Ejecutivo ha insistido en la necesidad de fortalecer la vigilancia sobre los bienes del Estado.
Desde el Gobierno nacional no se entregaron, en la intervención, nombres concretos de los responsables ni detalles técnicos sobre el lote señalado. La afirmación del presidente apunta a que existen presuntas irregularidades en la cadena de transferencia del predio.
La declaración llega en un momento sensible para la región Caribe, donde distintos predios han sido objeto de investigaciones por presuntas irregularidades en su titulación y entrega. Sectores de control ciudadano y veedurías suelen acompañar estos casos.
El alcance del anuncio dependerá de las indagaciones que adelante la Contraloría y, si corresponde, de la Fiscalía General de la Nación. La posesión del nuevo contralor marca el inicio de una gestión que será evaluada por su capacidad de respuesta frente a este tipo de alertas.
Por ahora, la posición oficial del Ejecutivo es que el lote fue apropiado de forma irregular y que quienes estén vinculados deberán responder. El Gobierno no entregó un calendario de actuaciones ni identificó a los posibles responsables.