La revista CAMBIO reveló en primicia extractos de la declaración de renta y del formulario de conflictos de interés del presidente Abelardo de la Espriella. Al día siguiente, el jefe del Estado volvió a cargar ambos documentos en el sistema de publicación obligatoria de bienes y rentas de la función pública.
En la versión actualizada aparecen cuentas, inversiones y bienes en Colombia, Estados Unidos e Italia que hasta 24 horas antes no estaban registrados en la declaración. La revista no publicó el monto total de esos activos, pero señaló que se trata de movimientos no reportados en la versión original.
El jefe del Estado también modificó el campo de estado civil. En el documento que estuvo visible hasta la publicación de CAMBIO, De la Espriella había consignado que no estaba casado. Tras la corrección, ese apartado fue ajustado, aunque la Presidencia no entregó detalles públicos sobre el cambio.
La declaración de bienes y renta es un instrumento de transparencia contemplado en el ordenamiento colombiano. Funcionarios del más alto nivel, incluido el presidente de la República, deben publicar sus activos, pasivos e ingresos al asumir el cargo y actualizarlos periódicamente. Cualquier modificación posterior debe quedar registrada en el mismo aplicativo.
La actualización ocurre en un contexto de presión mediática. CAMBIO había publicado la información en primicia y horas después el equipo presidencial subió los nuevos archivos, lo que deja ver una reacción directa a la revelación periodística. La revista es uno de los medios de investigación más antiguos del país.
Para los ciudadanos, el caso reabre el debate sobre el control a la información patrimonial de los altos funcionarios. Organizaciones de transparencia han señalado en otras oportunidades que la calidad y la oportunidad de las correcciones son tan importantes como la declaración misma, pues permiten evaluar la consistencia entre lo reportado y la realidad patrimonial.
En el Congreso y en sectores de la oposición suele recordarse que este tipo de declaraciones se cotejan con la información de la Dian y de las autoridades financieras. Cualquier inconsistencia relevante puede dar lugar a investigaciones disciplinarias o fiscales, aunque la mera corrección no implica por sí misma una irregularidad.
Por ahora, la Presidencia no ha emitido un comunicado oficial que explique el alcance de las modificaciones ni los motivos por los cuales los bienes en el extranjero no figuraban en la versión inicial. Tampoco se conoce si habrá una explicación pública sobre el ajuste en el estado civil.
Queda pendiente que el equipo presidencial detalle por qué los activos en Estados Unidos e Italia aparecieron solo después de la publicación de CAMBIO y bajo qué criterios se realizó la corrección del estado civil. El siguiente paso natural será que la ciudadanía y los medios verifiquen los nuevos datos frente a los registros oficiales.