La Jurisdicción Especial para la Paz confirmó que su presidente no recibió invitación a la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella, programada en Cali. Según la fuente, se trata de un hecho sin precedentes en la historia de la Jurisdicción, creada tras los acuerdos de paz de 2016.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Su función es investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado por excombatientes de las FARC, agentes del Estado y terceros. Hasta ahora, sus autoridades habían asistido a las posesiones presidenciales como parte del protocolo institucional.
La ausencia de invitación se produce en un contexto de debate público sobre el futuro de la Jurisdicción. Sectores políticos y de víctimas han pedido en los últimos meses revisar su funcionamiento, sus plazos y su alcance. Otros han defendido su autonomía como pieza clave del acuerdo final firmado con las FARC.
Para la JEP, no ser parte de la ceremonia puede interpretarse como una señal política del nuevo gobierno sobre su relación con este tribunal. El gesto protocolario suele reflejar el grado de reconocimiento institucional entre ramas del Estado y entidades creadas por la Constitución o por acuerdos especiales.
En la práctica, la JEP sigue operando con los mandatos vigentes y con los procesos abiertos. Entre ellos están los casos de secuestro, reclutamiento de menores, violencia sexual y los relacionados con el conflicto en regiones como Antioquia, el Catatumbo y varias zonas del sur del país.
La decisión abre preguntas sobre cómo será el relacionamiento entre el Ejecutivo y la Jurisdicción durante el período de De la Espriella. También sobre si habrá cambios en la cooperación interinstitucional, en el acceso a información o en el respaldo logístico que el gobierno suele dar a los organismos del Sistema Integral.
Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos han expresado en otras ocasiones su preocupación ante cualquier señal que pueda afectar la independencia de la JEP. También han pedido que se respeten los compromisos internacionales asumidos por Colombia en el marco de los acuerdos.
Por ahora, ni la Presidencia ni la JEP han informado públicamente sobre las razones de la ausencia de la invitación. El hecho queda registrado como un antecedente que la Jurisdicción y la opinión pública podrán evaluar a la luz de los próximos pasos del gobierno.
Lo que sigue es observar si el nuevo gabinete incluye posiciones sobre la JEP y si la relación institucional se traduce en actos concretos. La Jurisdicción tiene procesos abiertos y fallos pendientes que requieren articulación con otras entidades del Estado.