La Jurisdicción Especial para la Paz, el componente de justicia transicional del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el Acuerdo de Paz de 2016, es la entidad que conduce los procesos contra quienes participaron en el conflicto armado, tanto por parte de la guerrilla de las FARC como de la Fuerza Pública. Su presidente, Alejandro Ramelli, asumió recientemente el cargo y es el encargado de dirigir esta instancia durante los próximos años, según lo establece la normatividad que rige a la JEP.
De acuerdo con la información divulgada, Ramelli dirigió una invitación formal al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, con el propósito de sostener un encuentro institucional. La comunicación, dirigida a las más altas autoridades del nuevo gobierno, busca establecer un diálogo directo sobre los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz y su desarrollo en el periodo que se inicia.
La JEP ha sido objeto de debate público desde su creación, tanto por las decisiones que ha adoptado en casos emblemáticos como por las tensiones surgidas con distintos sectores políticos. El llamado a un encuentro formal con el nuevo gobierno se inscribe en la tradición de la jurisdicción de mantener canales de comunicación con las ramas del poder público, en especial con el Ejecutivo, que tiene a su cargo la implementación de buena parte de las políticas derivadas del Acuerdo.
Para el ciudadano del común, la manera como se articulen estas dos instancias resulta relevante por el impacto que tiene la justicia transicional en derechos de las víctimas, en la situación de excombatientes que se acogieron al proceso y en la fuerza pública que ha comparecido ante la jurisdicción. Un eventual encuentro permitiría, entre otras cosas, revisar el estado de cumplimiento de las sanciones propias y de los proyectos restaurativos que hoy ejecuta la JEP en distintos territorios del país.
En el contexto político, la relación entre el gobierno nacional entrante y los organismos de justicia transicional es uno de los temas que marcan la agenda, dado que la posición del nuevo Ejecutivo frente al Acuerdo de Paz ha sido objeto de debate durante la campaña presidencial. La invitación hecha por Ramelli abre la puerta a que ese posicionamiento se concrete en una conversación directa, sin intermediarios, entre la cabeza de la JEP y quienes encabezarán la administración nacional a partir de la posesión.
Hasta el momento no se conoce una respuesta pública del presidente de la Espriella ni del vicepresidente Restrepo sobre la invitación cursada por Ramelli. En la medida en que la Jurisdicción Especial para la Paz es un órgano constitucional autónomo, creado por el Acto Legislativo 01 de 2017, sus relaciones con el Ejecutivo se rigen por el principio de colaboración armónica entre los poderes públicos, y un encuentro de este tipo se enmarcaría en esa dinámica institucional.
El próximo paso en este proceso es la confirmación de la fecha y la agenda del encuentro propuesto. Queda pendiente, igualmente, conocer si la reunión se dará a conocer públicamente o si se desarrollará como una sesión de trabajo reservada entre las partes, una decisión que corresponde tanto a la presidencia de la JEP como a la Jefatura del Estado que asumirá funciones en las próximas semanas.
De concretarse la reunión, la ciudadanía podrá conocer de primera mano cuál es la postura del nuevo gobierno frente a la implementación de los puntos del Acuerdo de Paz que aún están en marcha, y cómo piensa articularse con la Jurisdicción Especial para la Paz durante el cuatrienio. En un país donde las víctimas del conflicto esperan respuestas concretas, este tipo de diálogos cobra una especial relevancia institucional.
