El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, manifestó que su Gobierno revisará los efectos de la Jurisdicción Especial para la Paz, al considerar que nació desconociendo la voluntad popular. La declaración fue recogida por Noticias Caracol y abrió una nueva discusión sobre el rumbo de la justicia transicional en Colombia.
Como respuesta, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, salió al paso de los señalamientos del jefe de Estado. Ramelli defendió el origen y la finalidad del tribunal, creado en el marco del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las entonces FARC, y planteó que cualquier modificación debe considerar las consecuencias sobre los procesos en curso y las víctimas.
La Jurisdicción Especial para la Paz fue establecida por el Acto Legislativo 01 de 2017 y puesta en marcha para investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes cometidos durante el conflicto armado. Su diseño contempló la participación de víctimas, la imposición de sanciones propias y restaurativas, y la posibilidad de que excombatientes y agentes del Estado comparezcan a cambio de beneficios judiciales condicionados al cumplimiento de verdad, reparación y no repetición.
La revisión anunciada por el presidente De la Espriella se suma a una serie de pronunciamientos de distintos sectores políticos que, desde la firma del acuerdo, han cuestionado el funcionamiento y la legitimidad de la JEP. Críticos argumentan que la jurisdicción ha sido demasiado benévola con algunosComparecientes, mientras que defensores sostienen que su labor es indispensable para cerrar el ciclo de violencia y ofrecer verdad a las víctimas.
Para la ciudadanía, el debate tiene efectos directos. La JEP adelanta macrocasos sobre secuestros, falsos positivos, reclutamiento forzado de menores y violencia sexual en el conflicto, entre otros. Cualquier cambio en su estructura puede alterar el ritmo de esas investigaciones y el acceso de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.
Organizaciones de derechos humanos y voceros de las víctimas han insistido en que el sistema transicional no debe desmontarse sin garantías de culminación de los procesos abiertos. A su vez, sectores de la fuerza pública han reclamado con frecuencia mayor equilibrio en los juzgamientos, al considerar que la JEP se ha centrado más en los miembros de las antiguas FARC que en otros actores del conflicto.
El pronunciamiento del presidente De la Espriella se produce en un contexto de revisión periódica de los acuerdos de paz y de acercamientos del Gobierno con distintos actores del conflicto. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha presentado públicamente un proyecto concreto de reforma ni un cronograma para la revisión anunciada.
Queda por verse si la revisión derivará en una propuesta formal de reforma constitucional, en ajustes legislativos o en una simple auditoría de gestión. La JEP, por su parte, ha reiterado su disposición a entregar información sobre sus decisiones y procedimientos, en el marco del control interinstitucional que ejercen la Corte Constitucional y el Congreso de la República.