El presidente electo Abelardo de la Espriella informó que prepara un decreto dirigido a enfrentar la extorsión y la inseguridad en los centros urbanos, según reportó el diario El Tiempo. El mandatario aseguró que la norma hace parte de las primeras disposiciones que adoptará el día de su posesión, fijada para el 7 de agosto.
La extorsión es uno de los delitos que más golpea a comerciantes, transportadores y ciudadanos de a pie en las principales ciudades colombianas.Grupos armados organizados y estructuras delincuenciales comunes usan esa práctica como fuente de financiamiento, lo que la ha convertido en una de las preocupaciones recurrentes de los Gobiernos de las últimas décadas.
En Colombia, la extorsión se castiga en el Código Penal con penas que oscilan entre seis y veinte años de prisión, según el grado de participación y las agravantes. Sin embargo, las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación suelen ser bajas frente a la magnitud del fenómeno, en parte por el temor de las víctimas a represalias.
El anuncio se conoce en un momento en el que varias ciudades reportan incrementos en hechos de sicariato, cobro de vacunas a pequeños negocios y amenazas a transportadoresinformales.El Gobierno saliente dejó en marcha una política de seguridad basada en la cooperación entre la fuerza pública y las autoridades locales, así como en recompensas por cabecillas de organizaciones criminales.
La figura del decreto presidencial permite al Ejecutivo expedir normas de carácter general con fuerza de ley, sin necesidad de trámite inmediato en el Congreso, en materias económica, de orden público o de relaciones internacionales. En materia de seguridad pública, los decretos han sido usados históricamente para reforzar atribuciones de la Policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía en la lucha contra organizaciones armadas.
Para los gremios económicos y las asociaciones de comerciantes, el tema resulta sensible porque la extorsión encarece la operación de negocios y, en muchos casos, obliga al cierre de establecimientos. Sectores como el transporte público, las plazas de mercado, las obras de construcción y el comercio minorista han sido los más afectados por las exigencias económicas de los grupos armados.
La Alcaldía de Bogotá, las gobernaciones de Antioquia, Valle del Cauca y Santander, entre otras, vienen implementando planes locales de seguridad que incluyen recompensas, inteligencia y grupos élite de investigación. Sin embargo, las autoridades locales y nacionales reconocen que el fenómeno desborda la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad.
Organizaciones sociales y de derechos humanos han insistido en que cualquier estrategia contra la extorsión debe respetar las garantías ciudadanas y los estándares internacionales. Advierten que una mayor presencia militar o policial no se traduce automáticamente en reducción de delitos si no se atienden las causas estructurales, como la falta de oportunidades y la presencia de economías ilegales.
Por ahora, el equipo de transición del presidente electo no ha publicado el texto del decreto ni el articulado definitivo. Queda pendiente conocer el alcance exacto de la norma, los recursos disponibles y la articulación con la Fiscalía, la rama judicial y las autoridades territoriales para que la estrategia anunciada tenga resultados verificables.
La posesión de Abelardo de la Espriella está prevista para el próximo 7 de agosto, fecha en la que el nuevo Gobierno asumirá formalmente el mando. El decreto contra la extorsión sería uno de los primeros en firma, según el propio anuncio del presidente electo recogido por El Tiempo.