El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que su gobierno acabará con las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura de ordenamiento territorial impulsada por la administración de Gustavo Petro. Según el extracto publicado por El Colombiano, la instrucción busca levantar la restricción en el uso de la tierra que, según el planteamiento oficial, pesa sobre Antioquia y el resto del país.
Las APPA fueron creadas en el marco de la reforma agraria del gobierno saliente con el objetivo de blindar zonas rurales dedicadas a la producción de alimentos. La figura limitaba ciertos usos del suelo en áreas estratégicas para la seguridad alimentaria, en línea con los compromisos del Acuerdo de Escazú y los planes nacionales de desarrollo rural. Sectores rurales y gremios del campo han debatido desde su creación el alcance y los efectos de esa medida.
En Antioquia, donde la producción agrícola y pecuaria tiene un peso importante en la economía regional, la figura fue objeto de debate entre gremios, alcaldías y organizaciones campesinas. Para quienes la defienden, las APPA son un instrumento para proteger suelos fértiles frente a la expansión urbana, la minería o proyectos de gran escala. Para quienes las cuestionan, como buena parte del sector productivo, la restricción limita la inversión, frena proyectos y reduce la autonomía de los propietarios rurales.
De la Espriella, según el reporte de El Colombiano, emitió la instrucción como parte de sus primeras decisiones políticas antes de posesionarse. El anuncio se inscribe en el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante, un periodo en el que los equipos técnicos revisan programas, contratos y normativa vigente. La orden de desmontar las APPA tendrá que traducirse en actos administrativos o proyectos de ley, según el camino jurídico que elija el nuevo gobierno.
El anuncio llega en un momento sensible para la ruralidad colombiana. Las cifras de producción agropecuaria, la presión sobre la tierra y los conflictos por uso del suelo siguen siendo temas centrales para municipios y departamentos. En ese contexto, eliminar las APPA implica reabrir el debate sobre cómo equilibrar la protección de suelos fértiles con la necesidad de dinamizar la economía rural y atraer inversión privada al campo.
Para los ciudadanos, el cambio normativo puede traducirse en modificaciones concretas en los planes de ordenamiento territorial y en los permisos de uso del suelo. Propietarios rurales, inversionistas agropecuarios y autoridades locales deberán esperar los decretos y directrices que desarrolle el Ministerio de Agricultura y las entidades ambientales en las próximas semanas. Hasta tanto no se publique la normativa de transición, las reglas actuales sobre las APPA se mantienen vigentes.
La medida también abre interrogantes sobre el futuro de otras figuras de protección ambiental y agraria creadas en el mismo periodo. Si se desmontan las APPA, expertos ambientales y organizaciones rurales pedirán claridad sobre qué instrumentos las reemplazarán y cómo se garantizará la protección de los suelos más fértiles del país. Esa discusión técnica y política apenas comienza y promete ser uno de los primeros capítulos del nuevo gobierno en materia de ordenamiento territorial.
Según El Colombiano, la instrucción del presidente electo marca un giro explícito respecto al modelo de protección agraria impulsado por Petro. Ahora, el proceso de empalme deberá definir los tiempos, los alcances y los mecanismos legales para hacer efectiva la eliminación de las APPA, mientras los distintos sectores afectados por la medida alistan sus posiciones y solicitudes para los próximos meses.