De la Espriella planteó la cadena perpetua como sanción para los asesinos de menores de edad, según el reporte de Pulzo. La iniciativa se conoce en un contexto de hechos recientes de violencia contra mujeres y niños que han conmovido al país.
Colombia prohíbe actualmente la prisión perpetua en su Constitución. El artículo 34 de la Carta establece que las penas tienen una duración máxima de cincuenta años, aunque la Corte Constitucional ha precisado que esa es la cota superior y que en la práctica los internos pueden acceder a beneficios luego de cumplir una parte de la condena.
La discusión sobre endurecer las penas por crímenes contra menores no es nueva. En distintos momentos, sectores políticos y ciudadanos han propuesto reformar la Constitución o expedir leyes que contemplen sanciones más severas para agresores sexuales, feminicidas y asesinos de niños. Ninguno de esos intentos ha prosperado por el tope constitucional vigente.
El llamado del presidente electo se produce después de varios feminicidios reportados en las últimas semanas. Organizaciones de mujeres y de derechos de la infancia han reclamado respuestas institucionales frente a la reincidencia de agresores que ya tenían antecedentes penales.
La cadena perpetua no figura en el ordenamiento colombiano y, para adoptarla, se requeriría una reforma constitucional aprobada por el Congreso en ocho debates consecutivos en dos legislaturas, o una Asamblea Constituyente. La vía legislativa ordinaria no basta porque la limitación está en la propia Carta.
Para las víctimas y sus familias, el debate reabre la pregunta sobre qué castigo espera a quienes cometen estos delitos. La reincidencia, la percepción de impunidad y la duración efectiva de las condenas son factores que pesan en la discusión pública cada vez que se conoce un caso de alto impacto.
Sectores defensores de derechos humanos han cuestionado históricamente las penas perpetuas por considerar que afectan la reinserción, principio recogido en la política criminal colombiana. A su turno, organizaciones de víctimas y de protección infantil suelen respaldar sanciones más drásticas, en especial cuando hay menores involucrados.
Además del castigo penal, el presidente electo anunció nuevas estrategias de seguridad, según Pulzo. El contenido específico de esas medidas no se detalla en la fuente consultada, por lo que queda pendiente conocer su alcance, su coordinación con la Policía y la Fiscalía, y los plazos de implementación.
Queda por verse si la propuesta se traducirá en un proyecto de reforma constitucional o si buscará alternativas dentro del marco actual, como tipificaciones más severas o el uso pleno de la pena máxima de cincuenta años. En cualquier escenario, la decisión final corresponde al Congreso y, de aprobarse la reforma, a la ciudadanía en las urnas.