El presidente electo Abelardo De la Espriella expresó su rechazo al feminicidio de María Camila Potosí, una joven de 21 años que se encontraba en el octavo mes de embarazo al momento de su muerte. El cuerpo fue localizado en el sector de La Buitrera, y las primeras versiones indican que el bebé que esperaba no estaba en su vientre cuando fue hallada, según el reporte difundido por El Tiempo.
De la Espriella calificó el hecho como un crimen aberrante y manifestó su repudio a través de una declaración pública. Su pronunciamiento se produce en medio de la transición hacia el gobierno que encabezará, y pone sobre la mesa un tema sensible para la opinión pública colombiana: la violencia basada en género y, en particular, los asesinatos de mujeres en estado de embarazo.
La Buitrera es una zona rural y semimontañosa del suroccidente de Cali, conocida por sus difíciles condiciones de acceso. Este tipo de geografía ha complicado históricamente las labores de búsqueda y rescate en la región, y suele convertirse en escenario de hechos violentos que conmocionan a la comunidad por la dificultad de esclarecer lo ocurrido.
El caso revive una preocupación recurrente en Colombia. Organizaciones de derechos humanos y entidades como la Fiscalía General de la Nación han señalado en distintas ocasiones que un porcentaje significativo de los feminicidios en el país ocurre contra mujeres jóvenes, y que la violencia contra gestantes es una cara especialmente grave de esa problemática. Las estadísticas oficiales sobre este punto suelen ser monitoreadas por la Defensoría del Pueblo y por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.
La desaparición del bebé añade una dimensión adicional a la investigación. Las autoridades competentes deberán establecer el paradero del menor y determinar si hubo participación de otras personas en el hecho, así como las circunstancias que rodearon la muerte de la joven. La Fiscalía y la Policía Nacional tienen a su cargo las pesquisas, y el expediente se maneja bajo la ley que tipifica el feminicidio como delito autónomo en Colombia desde 2015.
En el plano institucional, el pronunciamiento del presidente electo ocurre cuando aún no ha asumido formalmente el cargo. Esto significa que sus declaraciones tienen un peso político y simbólico, pero las decisiones sobre el caso corresponden a las instancias judiciales y de policía que ya actúan en el marco de la ley. Expertos en transición han recordado que los mandatarios electos suelen usar este tipo de hechos para fijar el tono de su futuro gobierno en materia de seguridad y derechos humanos.
El crimen ha generado reacciones en redes sociales y en la comunidad caleña, donde organizaciones de mujeres han pedido que el caso no quede en la impunidad. La sociedad civil suele exigir en estos eventos protocolos efectivos de protección para las mujeres, así como respuestas claras y oportunas por parte de la Fiscalía y de los jueces especializados en violencia de género.
Quedan varios frentes abiertos: la identificación y captura del o los responsables, el esclarecimiento de qué ocurrió con el bebé, y el acompañamiento a la familia de María Camila Potosí. A esto se suma el seguimiento que la ciudadanía hará al prometido repudio del presidente electo, que en la práctica se traducirá, o no, en políticas concretas de prevención y justicia una vez De la Espriella asuma la jefatura del Estado.
Por ahora, el caso continúa en etapa de investigación. Las autoridades llaman a la ciudadanía a aportar información que ayude a esclarecer los hechos, en un país donde la violencia contra las mujeres sigue siendo una de las principales alertas en materia de derechos humanos, según reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas.