El presidente electo Abelardo de la Espriella aseguró, en declaraciones recogidas por Yahoo, que el Gobierno de Gustavo Petro estaría intentando consumar un golpe de Estado. La acusación se produce en un contexto de creciente confrontación entre el equipo entrante y la administración saliente, a pocas semanas del cambio de mando.
De la Espriella, quien ganó las elecciones recientes, no es la primera vez que eleva el tono contra su antecesor. Sus allegados han cuestionado decisiones de Petro en materia de seguridad, economía y orden público, pero el uso explícito del término golpe de Estado eleva la disputa a un nivel institucional sin precedentes recientes.
El concepto de golpe de Estado alude a la ruptura del orden constitucional por parte de quien ejerce el poder. En la historia de Colombia, esa expresión se ha reservado para hechos de fuerza, como los golpes militares del siglo XX. Acusar a un presidente en ejercicio de pretender algo así es, por sí mismo, un hecho político de alto voltaje.
La declaración ocurre cuando el país se acerca al 7 de agosto, fecha en la que está prevista la transmisión de mando. La transición ha estado marcada por debates sobre la entrega de información reservada, el estado de las fuerzas armadas y la continuidad de varios programas sociales, temas que ambas partes han discutido por separado y sin acuerdos públicos significativos.
Desde el Gobierno saliente no se conocieron de inmediato reacciones formales a la acusación de De la Espriella. En otras ocasiones, voceros del Ejecutivo han rechazado señalamientos similares y han pedido que la transición se maneje por los canales institucionales, respetando los plazos y procedimientos de la Constitución.
Para la ciudadanía, el choque verbal añade incertidumbre a un periodo que debería estar dedicado a la planeación del nuevo Gobierno. Analistas consultados en otras oportunidades han advertido que la polarización entre mandatarios entrantes y salientes tiende a profundizar la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones.
El artículo 188 de la Constitución establece que el presidente de la República simboliza la unidad nacional y debe velar por la vigencia del orden constitucional. Cualquier señalamiento directo de un jefe de Estado en ejercicio sobre un eventual golpe suele activar controles políticos, como preguntas en el Congreso, pronunciamientos de las cortes y reacciones de la fuerza pública.
Por ahora, la acusación del presidente electo se conoce por un reporte de prensa y no ha sido ampliada con un comunicado oficial de su equipo. Queda por verse si De la Espriella presentará pruebas concretas, si pedirá investigaciones formales y si el Congreso o los órganos de control se pronunciarán sobre el caso en los próximos días.