El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró que el exjefe guerrillero conocido como Timochenko "merece estar preso de por vida". La frase fue recogida por el medio NTN24, que publicó la declaración completa en su portal de noticias.
En el mismo mensaje, De la Espriella agregó que ningún "formalismo aparente" puede servir de escudo frente a los crímenes de guerra y lesa humanidad que se le imputan al excomandante. El pronunciamiento se produce en un contexto de fuerte debate en Colombia sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz y la situación de los antiguos líderes de las FARC.
Timochenko, cuyo nombre real es Rodrigo Londoño Echeverri, fue el último comandante de las FARC y firmó en 2016 el Acuerdo de Paz con el Gobierno colombiano en La Habana. Tras la dejación de armas, participó en la vida política legal como líder del partido FARC, luego renombrado Comunes, con un escaño en el Senado que perdió en 2020 cuando el Consejo de Estado anuló su elección por el delito de Unión Patriótica del que fue víctima Aída Avella.
Sobre Londoño pesan investigaciones y acusaciones por secuestros, reclutamiento de menores y otros hechos asociados al conflicto armado interno. En años recientes, sectores políticos y víctimas han reclamado que la Justicia Especial para la Paz (JEP) avance en sus procesos contra exmandos guerrilleros, mientras la JEP ha emitido comparecencias y, en algunos casos, órdenes de captura contra comparecientes que no han reconocido responsabilidad.
El anuncio del presidente electo se inscribe en su línea de confrontación directa con los exlíderes de la guerrilla. De la Espriella vinculó esa posición a su promesa de endurecer el tratamiento penal frente a los máximos responsables del conflicto, en línea con demandas de víctimas y de sectores que piden mayor contundencia en las sanciones de la JEP.
La declaración marca una diferencia notoria con respecto a gobiernos anteriores que han privilegiado la implementación de lo pactado en La Habana. Para organizaciones de víctimas y sectores de oposición al acuerdo, el mensaje recoge un sentimiento extendido de insatisfacción con los resultados de la justicia transicional. Para defensores del proceso, en cambio, endurecer el discurso puede poner en riesgo la estabilidad de los acuerdos firmados.
Por ahora, la afirmación del presidente electo es política y no constituye una orden judicial. La competencia sobre la situación jurídica de los excombatientes corresponde a la JEP, a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, según el tipo de delito y el régimen aplicable. Cualquier modificación de penas o de rutas de juzgamiento requeriría decisiones de esos organismos o reformas legales en el Congreso.
La frase también reaviva el debate sobre el alcance real de la figura de "pena de prisión perpetua" en Colombia. La Constitución prohíbe esa sanción en tiempos de paz, por lo que la posibilidad de aplicarla a exlíderes guerrilleros dependería de cambios normativos o de figuras jurídicas que aún no se han debatido en el Legislativo colombiano.
Queda por verse si el gobierno entrante radicará proyectos de ley en esa dirección y cómo reaccionará la JEP frente a declaraciones que cuestionan su trabajo. Organizaciones de derechos humanos y abogados constitucionalistas seguramente intervendrán en la discusión pública, como ha ocurrido en otros episodios recientes sobre el alcance de la justicia transicional en Colombia.