El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció un plazo de un mes para que los grupos armados ilegales del país se entreguen a la justicia. La declaración fue difundida y retomada por el portal opinionciudadana.com.mx, que la presentó como la primera señal firme del nuevo gobierno en el frente de seguridad.
El anuncio llega en un momento sensible para el orden público colombiano. El país atraviesa un escenario de violencia dispersa, con presencia activa de estructuras armadas como el ELN, las disidencias de las antiguas FARC y organizaciones narco-criminales que operan en varias regiones. Los esfuerzos de diálogo con algunos de estos grupos han tenido altibajos durante los últimos años, con episodios de incumplimiento reiterado de ceses al fuego.
La figura presidencial en Colombia concentra el mando supremo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Las decisiones en materia de seguridad que adopta el jefe de Estado suelen tener efecto inmediato sobre la doctrina operativa de la Fuerza Pública y sobre las instrucciones que reciben los comandantes de las distintas regiones del país.
El plazo de un mes funciona como una ventana temporal concreta. En la práctica, ese tipo de anuncios suelen ir acompañados de ofertas de sometimiento individual o colectivo, un mecanismo contemplado en la legislación colombiana para que integrantes de estructuras armadas abandonen la ilegalidad a cambio de beneficios jurídicos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
La determinación genera expectativa en zonas donde la presencia de grupos armados limita la movilidad de comunidades enteras, restringe el acceso a servicios básicos y profundiza la crisis humanitaria en regiones apartadas. La población civil en esos territorios resulta ser la más afectada por la continuidad del conflicto armado y por la disputa entre organizaciones ilegales.
El pronunciamiento se conoce en un contexto internacional marcado por la atención que distintos organismos y gobiernos prestan a la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016. Cualquier decisión del nuevo gobierno sobre los grupos armados se medirá también por su articulación con esos compromisos y con las observaciones de la Corte Constitucional y la Jurisdicción Especial para la Paz.
Organizaciones de derechos humanos han subrayado en otras ocasiones que los procesos de sometimiento deben garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas. En Colombia, las víctimas del conflicto representan una parte central de cualquier negociación y su participación está prevista en la normatividad vigente, lo que añade complejidad a los plazos unilaterales.
Según la información publicada por opinionciudadana.com.mx, de momento no se detallaron los mecanismos específicos que se ofrecerán a quienes decidan acogerse al llamado. Queda pendiente conocer si el gobierno electo presentará un proyecto de sometimiento ante el Congreso, si abrirá mesas técnicas con las Fuerzas Armadas o si la estrategia se apoyará en la figura de la justicia ordinaria.
El plazo de un mes comienza a contar desde la difusión del anuncio. Las primeras reacciones de voceros de las estructuras armadas y de los gremios económicos, así como de las organizaciones internacionales con presencia en Colombia, podrían conocerse en los próximos días y marcarán la dinámica del inicio del nuevo gobierno.