El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo que derogará a partir del próximo 7 de agosto los principales mecanismos que sostienen la política de «paz total» impulsada por el Gobierno saliente de Gustavo Petro. La decisión marca uno de los primeros giros de fondo del nuevo mandato en materia de seguridad y orden público, según recoge la agencia EFE.
De manera simultánea, el presidente electo informó que dispondrá la reactivación de todas las órdenes de captura que estén vigentes contra integrantes de grupos armados ilegales. Con ese anuncio, la administración entrante deja clara su intención de retomar la vía de la persecución penal contra estructuras que, en muchos casos, venían siendo objeto de acercamientos en el marco de la «paz total».
La «paz total» es la estrategia con la que el Gobierno de Petro buscó abrir diálogos simultáneos con múltiples organizaciones armadas, desde disidencias de las FARC y el ELN hasta bandas criminales y grupos dedicados al narcotráfico. Para ello se apoyó en herramientas legales como la Ley 2272 de 2022 y otros decretos que facilitaron figuras como los «espacios de conversación», la suspensión de órdenes de captura y los sometimientos colectivos a la justicia.
El desmonte anunciado por De la Espriella apunta, en la práctica, a desactivar esos andamiajes jurídicos y operativos. Al reactivar las órdenes de captura, la nueva administración cierra la puerta a los beneficios que esas figuras ofrecían a los grupos que, eventualmente, se acogieran a los diálogos. Para los ciudadanos, el efecto inmediato es un cambio de enfoque: de la negociación a la captura.
La medida afecta de forma directa a las comunidades que habitan las zonas donde esos grupos armados tienen presencia. En regiones como el Catatumbo, el sur de Bolívar, el Cauca, Putumayo y varias zonas del Meta, los acercamientos bajo «paz total» habían generado expectativas entre poblaciones rurales y pueblos indígenas que esperan condiciones de seguridad para su vida cotidiana.
La decisión también impacta a las Fuerzas Militares y a la Fiscalía, que deberán ejecutar y respaldar la reactivación de las capturas. La transición implica reorganizar operativos, reasignar recursos y coordinar con la Rama Judicial el levantamiento de eventuales suspensiones que se hubieran otorgado en los últimos años.
Desde el punto de vista institucional, el anuncio se conoce a poco más de un mes de la posesión presidencial, prevista para el 7 de agosto. El equipo de De la Espriella llega con el mandato explícito de revisar la política de seguridad heredada y de marcar distancia con la estrategia de diálogo del Gobierno anterior.
Entre los puntos que quedan por esclarecer figuran los mecanismos jurídicos concretos que se derogarán, el trato que recibirán los grupos con los que ya existían mesas instaladas y el alcance de la reactivación de capturas en zonas donde el Estado tiene presencia limitada. También está pendiente cómo se articulará esta nueva postura con los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.
La fuente consultada (HolaNews, con despacho de la agencia EFE) consigna la declaración del presidente electo, aunque no detalla aún el articulado de los decretos que harán efectiva la decisión. El seguimiento de estos anuncios será clave para medir el ritmo y la profundidad del cambio de rumbo en la política de seguridad de Colombia.
Por ahora, el mensaje central del nuevo Gobierno es nítido: la «paz total» tendrá un final por decreto y las órdenes de captura contra grupos armados ilegales volverán a estar plenamente vigentes desde el inicio del mandato.