La resolución firmada por el presidente electo suprime de manera expresa la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y, de manera simultánea, la Consejería para la Reconciliación Nacional, según reportó teleSUR. Con la salida de esta última desaparece el cargo de Comisionado de Paz, figura que durante décadas coordinó las conversaciones del Estado colombiano con grupos armados y actores sociales.
El Comisionado de Paz es una figura creada por la Constitución de 1991 y desarrollada por leyes posteriores, con la misión de asesorar al presidente en estrategias de diálogo, negociación y reconciliación. A lo largo de los últimos treinta años, esa oficina estuvo al frente de procesos como los acuerdos con las AUC, los acercamientos con el ELN en distintos periodos y las conversaciones que derivaron en el Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc.
La Consejería para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, por su parte, cumplía funciones de articulación de la política estatal en materia de derechos fundamentales y de seguimiento a las obligaciones internacionales del Estado colombiano en esa materia, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los organismos de Naciones Unidas.
La decisión se adopta antes de la posesión formal del nuevo gobierno, en el marco de la transición presidencial, periodo durante el cual el presidente electo puede expedir actos preparatorios de la nueva estructura administrativa. La supresión de estos dos despachos hace parte de un paquete más amplio de ajustes en la Casa de Nariño, orientado a redefinir las prioridades del Ejecutivo que asumirá el mando.
Para la ciudadanía, el cambio tiene implicaciones directas. Los sectores que trabajan en defensa de derechos humanos, víctimas del conflicto y comunidades en procesos de reincorporación dependen en gran medida de la interlocución con estas consejerías. La eliminación del cargo del Comisionado de Paz reabre el debate sobre quién asumirá ahora la vocería del Gobierno en eventuales mesas de diálogo y cómo se mantendrán los canales con las organizaciones sociales y los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
Organizaciones de víctimas y plataformas de derechos humanos han expresado en otras oportunidades su preocupación cuando se reducen estos espacios institucionales, al considerar que la protección de liderazgos sociales y el seguimiento a los compromisos de paz requieren una estructura dedicada dentro del más alto nivel del Estado. En este caso, todavía no se conoce una pronunciamiento oficial de esos colectivos sobre la resolución.
La Presidencia no ha detallado hasta ahora si las funciones de la Consejería de Paz serán absorbidas por otro despacho del Alto Gobierno o si serán redistribuidas entre ministerios como el del Interior o el de Justicia. Tampoco se ha informado sobre el destino del equipo técnico que acompañaba al Comisionado ni sobre la continuidad de los diálogos en curso, como el proceso con el ELN, que en administraciones anteriores dependía en parte de esa oficina.
Queda pendiente la publicación del texto completo de la resolución en el Diario Oficial, así como los actos administrativos que concreten la liquidación de las dos consejerías y la reasignación de sus funciones. El nuevo gobierno tendrá que definir, además, si mantiene una oficina de alto nivel dedicada exclusivamente a la paz o si la política de diálogo se manejará de forma transversal desde otras carteras.
La eliminación de estas dos consejerías marca un giro en la arquitectura institucional de la paz en Colombia. Los analistas coinciden en que el alcance real de la decisión dependerá de los próximos decretos y del presupuesto que se asigne a las entidades que reciban las funciones trasladadas.