Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, rompió de forma explícita con la política de Paz Total y dirigió una advertencia a los grupos armados ilegales que operan en el país. Según reportó Diario Las Américas, el llamado es a someterse al Estado antes de que enfrenten consecuencias severas.
La Paz Total fue la estrategia de seguridad impulsada durante los últimos años, orientada a abrir canales de diálogo simultáneo con múltiples organizaciones armadas. Bajo esa bandera se adelantaron conversaciones con el ELN, disidencias de las antiguas FARC y otros colectivos, con resultados desiguales y episodios de violencia recurrentes en varias regiones.
Con el anuncio del presidente electo, esa arquitectura de negociación queda desplazada por un esquema que prioriza la presión sobre las estructuras criminales. La advertencia a los grupos armados para que se sometan al Estado marca un giro de 180 grados frente al discurso predominante de los últimos años.
La decisión llega en un contexto de creciente preocupación por la violencia en zonas rurales, donde la presencia de grupos armados ha afectado a comunidades campesinas e indígenas. La población civil ha sido históricamente la principal víctima de enfrentamientos, reclutamiento forzado y restricciones a la movilidad.
Para los ciudadanos, el cambio de política implica una redefinición de las reglas del juego en los territorios. Las regiones más afectadas por la presencia de grupos al margen de la ley esperan ahora señales claras sobre cómo se traducirá el endurecimiento anunciado en operativos, protección a líderes sociales y presencia institucional.
El posicionamiento del presidente electo también envía un mensaje al interior de la Fuerza Pública y de los organismos de seguridad, que han debido sortear las tensiones derivadas de las mesas de diálogo activas. Una política de sometimiento exige resultados verificables, metas concretas y mecanismos de seguimiento que diferencien entre los colectivos en disputa.
Sectores políticos y analistas venían debatiendo la sostenibilidad de la Paz Total, señalando la dificultad de negociar simultáneamente con grupos que mantienen economías ilegales activas. La decisión del presidente electo se inscribe en ese debate y lo cierra, al menos discursivamente, a favor de la vía de la seguridad y el sometimiento.
Queda por verse cómo se traducirá el ultimátum en acciones concretas durante el inicio del gobierno. Las preguntas pendientes incluyen el tratamiento que recibirán los procesos de diálogo en curso, el rol de los gestores de paz y la coordinación con organismos internacionales que han acompañado esfuerzos anteriores de desmovilización.