El presidente electo de Colombia rechazó de forma directa el llamado que sectores de la izquierda hicieron a la desobediencia civil en contra del resultado electoral. En su pronunciamiento, el mandatario entrante advirtió que no se permitirá lo que denominó terrorismo urbano, una expresión que ha generado debate en el país.
La declaración se conoce en un momento sensible del calendario político colombiano. Faltan pocas semanas para la fecha de posesión del nuevo gobierno y las tensiones entre el Ejecutivo electo y distintos movimientos sociales y políticos se han mantenido visibles desde el cierre de las urnas.
El concepto de desobediencia civil ha sido empleado históricamente en Colombia por organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales como forma de protesta frente a decisiones del Estado. En esta oportunidad, sectores de la oposición convocaron a no reconocer algunas decisiones del gobierno entrante, lo que activó la respuesta inmediata del presidente electo.
La utilización del término terrorismo urbano para referirse a esas convocatorias introduce un debate adicional. Organizaciones de derechos humanos y voceros de la oposición suelen distinguir entre protesta social, bloqueos de vías y acciones terroristas, categorías que tienen consecuencias legales distintas en la legislación colombiana.
El llamado a la desobediencia civil llegó desde corrientes que no reconocen la legitimidad del gobierno electo y que han cuestionado públicamente su llegada a la Casa de Nariño. Esas voces argumentan diferencias de fondo sobre el rumbo económico y social que tomaría el nuevo Ejecutivo.
Para los ciudadanos, el choque verbal entre el gobierno entrante y la oposición anticipa una etapa de alta confrontación política. Sectores productivos y gremios han expresado preocupación por la posibilidad de bloqueos o alteraciones del orden público que puedan afectar la movilidad y la actividad económica en ciudades principales.
La respuesta del presidente electo apunta a fijar una línea roja frente a cualquier acción que, según su lectura, afecte la convivencia. En sus palabras, no se permitirá que se recurra a vías de hecho bajo el argumento de la protesta política.
Queda por verse cómo se traducirán estas declaraciones en medidas concretas. La Fiscalía, la Fuerza Pública y las autoridades locales deberán definir los protocolos de atención a eventuales jornadas de protesta, en un entorno donde el lenguaje del nuevo gobierno marca distancia clara con los llamados de la izquierda.
Por ahora, la declaración deja instalada una advertencia pública y un parte de tranquilidad a los sectores que temen desbordes. La oposición, por su parte, mantiene sus críticas y anticipa que seguirá ejerciendo lo que considera legítima movilización ciudadana.