El presidente Abelardo de la Espriella elevó una solicitud formal de cooperación internacional a Chile y Estados Unidos para atender la emergencia por incendios forestales que azotan al departamento del Tolima, según informó Noticias Caracol. La petición se centra en los municipios de Coello, Suárez y San Luis, donde las llamas avanzan y comprometen a comunidades rurales y áreas naturales.
De acuerdo con la fuente, en el Ejecutivo hay indicios de que los incendios no serían accidentales. Esa hipótesis llevó al Gobierno a activar dos líneas simultáneas: la búsqueda de apoyo técnico y logístico del extranjero, y un despliegue adicional de la Fuerza Pública en el terreno para controlar el fuego y esclarecer el origen de las conflagraciones.
El Tolima es uno de los departamentos con mayor tradición de incendios forestales durante las temporadas secas. Sus municipios, en particular los que bordean zonas andinas y cuencas hidrográficas, han sido escenario recurrente de quemas asociadas tanto a prácticas agrícolas como a eventos intencionales. Cuando se presume la provocación, la competencia suele recaer en la Fiscalía y en la Policía Judicial para investigar las responsabilidades penales.
La activación de la cooperación internacional no es frecuente en emergencias por incendios en Colombia. El país cuenta con cuerpos de bomberos y con el apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Pedir apoyo a gobiernos como el chileno o el estadounidense suele relacionarse con necesidades puntuales de equipos, expertos o aeronaves especializadas.
El anuncio tiene efectos directos sobre los habitantes de Coello, Suárez y San Luis. Además del riesgo para la vida y la integridad, los incendios afectan la calidad del aire, destruyen cultivos, ponen en peligro fauna silvestre y pueden llegar a interrumpir vías terciarias que conectan veredas con cabeceras municipales. La atención oportuna del fuego incide también en la disponibilidad de agua en acueductos rurales.
La orden de reforzar la Fuerza Pública implica un componente investigativo. Si se confirma que los incendios fueron provocados, las conductas podrían enmarcarse en delitos contra el medio ambiente, que en Colombia contemplan sanciones penales para quienes causen daño a los recursos naturales o incrementen el riesgo de desastres. Esa línea es la que, según la información divulgada, pretende robustecer el Gobierno.
Por ahora, la Casa de Nariño no ha detallado públicamente qué tipo específico de ayuda se solicitó a Chile ni a Estados Unidos. Tampoco se conocieron montos, número de efectivos ni cronogramas. El siguiente paso, en la práctica, pasa por la confirmación de los socios internacionales y por el avance de las investigaciones sobre la posible autoría intencional de los incendios.
La emergencia ocurre en un contexto nacional marcado por el fenómeno de El Niño, que ha extendido los periodos secos y elevado la vulnerabilidad de varias regiones. Sectores ambientales han advertido sobre la necesidad de reforzar la prevención, la vigilancia y la educación comunitaria para reducir la ocurrencia de quemas, en especial cuando existen sospechas de origen deliberado.