El presidente Abelardo de la Espriella abrió la puerta a una negociación con personas señaladas de participar en actos de corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro, y planteó la posibilidad de que reciban un castigo atenuado si colaboran con la justicia. La declaración fue recogida por Caracol Radio.
Durante su intervención, el jefe de Estado sostuvo que con recursos públicos del gobierno anterior se habría corrompido a Iván Name, quien se desempeñó como presidente del Congreso. Según el presidente, esa afirmación sustenta la necesidad de explorar salidas negociadas para los distintos investigados por hechos de corrupción.
El ofrecimiento de castigo atenuado es una figura contemplada en el sistema penal colombiano, prevista en el Código de Extinción de Dominio y en la Ley 906 de 2004, que permite reducir la pena a cambio de confesión, colaboración con la investigación o reparación a las víctimas. Su aplicación depende de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces competentes, no del Ejecutivo.
El anuncio reaviva el debate sobre los esquemas de corrupción que salpicaron al gobierno de Petro, en particular los escándalos conocidos como de la "Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres" y los giros cuestionados a través del Fondo de Financiamiento de la Política. Iván Name ha sido vinculado a investigaciones por presunta recepción de recursos para favorecer proyectos legislativos.
Para los ciudadanos, la discusión es relevante porque toca el manejo de fondos públicos y la respuesta institucional frente a la corrupción. Una eventual negociación masiva con investigados podría traducirse en sentencias más cortas y en información sobre el destino de los recursos, lo que afecta la percepción de justicia y la recuperación de los dineros.
La propuesta del presidente se suma a los llamados que distintos sectores venían haciendo para acelerar las investigaciones. Sectores políticos de oposición habían pedido claridad sobre los responsables, mientras organizaciones de control y veedurías ciudadanas reclamaban resultados concretos de la Fiscalía en los expedientes abiertos.
Queda por verse cómo reaccionará la Fiscalía y los jueces de la República, pues la negociación depende de la autonomía de esas ramas del poder público. También está pendiente definir quiénes serían los beneficiarios del beneficio, qué tipo de información deben entregar y bajo qué criterios se evaluaría la atenuación de la pena.