El presidente Abelardo de la Espriella solicitó a la Fuerza Pública y a la Fiscalía General de la Nación que identifiquen y desarticulen las cadenas criminales dedicadas al robo, acopio y traslado de nafta, diésel y gasolina, según reportó Noticias Caracol. La orden fue presentada como una operación conjunta entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el ente investigador.
El robo de hidrocarburos es un delito que en Colombia afecta de forma directa a empresas transportadoras, refineries y estaciones de servicio, y que en los últimos años ha mostrado señales de profesionalización. Grupos armados y organizaciones criminales han sido señalados en investigaciones previas por la sustracción de crudo y combustibles en oleoductos, poliductos y carrotanques, actividad que en varias regiones del país coincide con zonas de presencia armada ilegal.
La instrucción presidencial llega en un contexto en el que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Minas y Energía han reportado incrementos en denuncias por hurto de combustibles. La nafta, el diésel y la gasolina son los productos más apetecidos porque tienen una demanda constante en el mercado informal y en economías regionales donde el control del Estado es débil.
El pedido al Ministerio Público y a la Fuerza Pública busca que la persecución no se quede en el autor material del robo, sino que avance sobre toda la cadena. Esto incluye a quienes financian la operación, a los encargados de acopiar el combustible sustraído y a los responsables de distribuirlo. Esa estructura, según el lenguaje usado por el Gobierno, es la que convierte el robo en un negocio criminal sostenido.
Para los ciudadanos, este tipo de delitos tiene efectos en el precio de los combustibles, en la seguridad de las vías por donde se traslada el producto hurtado y en la calidad del aire y del suelo en zonas donde se realizan perforaciones ilegales a poliductos. Las emergencias por derrames de crudo y derivados han afectado fuentes hídricas en varias regiones del país.
La Fiscalía, por su parte, ha avanzado en investigaciones por hurto agravado de hidrocarburos y por los delitos conexos de contaminación ambiental, lavado de activos y concierto para delinquir. La operación conjunta ordenada por el presidente obligaría a articular esas líneas de investigación con los dispositivos militares y policiales en campo.
Desde el sector empresarial, Ecopetrol y los gremios del transporte de carga han pedido en años recientes medidas más duras contra el robo de combustibles, que se ha concentrado en rutas del Magdalena Medio, el Catatumbo y el Putumayo. Las asociaciones de estaciones de servicio también han advertido sobre la venta de gasolina y diésel de origen ilegal en zonas rurales.
El Gobierno no entregó en el anuncio detalles sobre las zonas priorizadas ni sobre el número de uniformados o investigadores que se desplegarán. Queda pendiente conocer si la operación se articulará con las regionales de la Fiscalía especializadas en hidrocarburos y si habrá recompensas o recompensas ofrecidas por información sobre los autores intelectuales.
Por ahora, la instrucción presidencial marca un lineamiento claro: el combate al robo de combustibles se atenderá como una cadena criminal, no como un delito aislado. Esa definición eleva el rango de la respuesta institucional y puede traducirse en procesos de extinción de dominio sobre los bienes usados en la actividad ilegal, una herramienta que la Fiscalía ya ha empleado en casos similares.