El presidente Abelardo de la Espriella rechazó de manera pública el canje propuesto por el Eln para liberar a cuatro personas que permanecen en poder de esa guerrilla. De acuerdo con El Heraldo, entre los secuestrados hay tres uniformados de la Dijín, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, y una mujer que los acompañaba al momento del secuestro.
La Dijín es la dependencia de la Policía encargada de las investigaciones criminales de mayor complejidad y de los asuntos de Interpol en Colombia. Los uniformados que la integran suelen operar en zonas donde convergen delitos como el narcotráfico, la extorsión y el reclutamiento por parte de grupos armados ilegales.
En su declaración, el jefe de Estado sostuvo que la libertad de los colombianos no es moneda de negociación. Con esa frase fijó la posición del Gobierno frente a la propuesta del Eln y descartó cualquier intercambio por personas retenidas por esa organización.
De manera simultánea, el presidente dio la orden de intensificar las operaciones para ubicar con vida a los tres policías y a la mujer que estaba con ellos. La instrucción fue transmitida a la Fuerza Pública, que concentra los esfuerzos de búsqueda en las zonas donde se presume que podrían permanecer los cautivos.
El secuestro es uno de los delitos que mayor rechazo genera en la opinión pública colombiana y que distintas administraciones han intentado combatir con operativos militares y policiales, así como con esquemas de recompensas e inteligencia. El episodio vuelve a poner sobre la mesa la presión que grupos armados como el Eln ejercen sobre la Fuerza Pública en distintas regiones del país.
La negativa a un canje se suma a una línea de manejo estatal que rechaza la negociación directa por secuestrados. Expertos en conflicto armado han señalado en otras ocasiones que el Gobierno suele combinar esa posición con operativos de rescate y con la participación de unidades especializadas en liberación de personas en cautiverio.
Por ahora, la atención se centra en los avances de las operaciones de búsqueda y en los reportes oficiales sobre el estado de los secuestrados. La ciudadanía espera información concreta sobre el paradero de los uniformados y de la mujer que los acompañaba al momento de los hechos.
Mientras continúan las operaciones, distintas voces del sector defensa y de organizaciones de víctimas suelen insistir en que cualquier salida al secuestro debe respetar los principios de legalidad y no sentar precedentes que estimulen nuevas capturas por parte de grupos armados ilegales.