El presidente Abelardo de la Espriella expresó su respaldo a una ley que prohíbe los tratamientos hormonales y las cirugías de cambio de género en menores de 18 años, según informó Río Noticias. El pronunciamiento ocurre en medio de la discusión nacional sobre los alcances de la transición de género en personas no adultas y el rol del Estado frente a decisiones que involucran a niños y adolescentes.
La norma, según la fuente, establece una restricción directa sobre dos tipos de procedimientos: los tratamientos con hormonas cruzadas y las intervenciones quirúrgicas de reasignación genital o de afirmación de género. Al limitar estas prácticas a mayores de edad, la ley convierte en ilegal cualquier procedimiento de esa naturaleza en menores, con independencia del consentimiento de los padres o del dictamen médico.
El debate sobre la transición de género en menores ha ganado espacio en la arena pública colombiana en los últimos años. En distintos países, la discusión ha oscilado entre quienes defienden el acceso temprano a estos procedimientos como parte del derecho a la identidad y quienes alertan sobre los efectos irreversibles de tratamientos aplicados durante la infancia o la adolescencia. En Colombia, la Corte Constitucional y diversas sentencias han reconocido derechos a personas trans, lo que hace que cualquier cambio normativo tenga que medirse frente a ese marco.
El respaldo presidencial llega cuando el proyecto enfrenta lecturas en el Congreso y reacciones divididas. Sectores conservadores y organizaciones religiosas han pedido restricciones a la transición en menores, mientras que gremios médicos, asociaciones de derechos humanos y colectivos LGBT han advertido que la prohibición vulnera la autonomía de los pacientes y el principio del interés superior del menor. Hasta ahora, el extracto de Río Noticias no precisa si el proyecto ya fue aprobado o si se encuentra en trámite.
Para las familias, la ley tiene consecuencias prácticas. Los padres que acompañaban a sus hijos en procesos de transición deberán suspender o redirigir esos tratamientos, y los profesionales de la salud quedarán expuestos a sanciones si los realizan. Para los menores que ya se encuentran en mitad de un proceso hormonal, la interrupción abrupta puede implicar efectos físicos y emocionales, un punto que las organizaciones de pacientes suelen plantear en este tipo de debates.
El sistema de salud también queda obligado a recalibrar su oferta de servicios. Si la ley llega a sancionarse, las EPS y los hospitales deberán suspender los protocolos de atención a menores trans y, eventualmente, redirigir esos recursos a servicios de acompañamiento psicológico, endocrinología general o salud mental, áreas que los defensores de la norma suelen destacar como prioritarias.
La posición del presidente agrega peso político a la iniciativa. Los respaldos del Ejecutivo suelen acelerar debates legislativos, aunque no garantizan la aprobación final. En este caso, el pronunciamiento fija una línea dentro del gobierno y deja en evidencia que la transición de género en menores se convirtió en uno de los temas de la agenda oficial, con implicaciones legales, sanitarias y sociales que apenas comienzan a discutirse.