La propuesta del candidato presidencial Abelardo de La Espriella consiste en sacar de las cárceles terrestres a los presos considerados de alto riesgo y enviarlos a embarcaciones ancladas en altamar, según reportó Periodismo Público. La idea se enmarca dentro de su discurso de mano firme contra el crimen y apunta a los internos que, por su perfil, representan el mayor peligro dentro y fuera de los penales.
El concepto de cárcel flotante no es nuevo en el debate internacional. Países como Estados Unidos, Brasil y Francia han analizado variantes de reclusión en plataformas marítimas o buques adaptados, con el objetivo de impedir fugas, limitar el contacto con redes criminales externas y reducir los costos de vigilancia terrestre. Sin embargo, ninguno de esos proyectos se ha consolidado como política permanente.
En Colombia, el sistema penitenciario está a cargo del INPEC, que administra más de 130 establecimientos de reclusión. El hacinamiento crónico y la influencia de estructuras criminales dentro de las cárceles han sido señalados durante años por la Corte Constitucional, la Procuraduría y organismos de derechos humanos como factores que alimentan la violencia intramural y la coordinación de delitos desde los patios.
La iniciativa, en caso de llegar al Gobierno, implicaría una reorganización profunda del modelo de custodia. Hoy los presos de alta peligrosidad suelen concentrarse en penitenciarías de máxima seguridad como La Tramacúa, Cómbita o la Picota, bajo regímenes especiales de vigilancia. Trasladarlos a un entorno marítimo obligaría a redefinir la cadena de mando, los protocolos de seguridad y la jurisdicción sobre los reclusos en aguas jurisdiccionales.
Otro punto sensible es el de los derechos humanos. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido sobre las condiciones de reclusión en espacios no convencionales y la necesidad de garantizar acceso a salud, alimentación, asistencia jurídica y contacto familiar, entre otros derechos que dependen de infraestructura fija.
En lo logístico, una cárcel en altamar exige personal naval o de seguridad capacitado para custodiar a internos peligrosos en un entorno móvil, con riesgos añadidos de incendio, hundimiento o evasión por vía marítima. La inversión en acondicionamiento de buques, vigilancia, alimentación y operación continua podría superar, según expertos penitenciarios consultados en otros países, el costo de un centro de máxima seguridad terrestre de tamaño equivalente.
La propuesta también abre un debate político. Sectores que respaldan políticas de seguridad duras ven con buenos ojos el aislamiento extremo de los cabecillas de organizaciones criminales. Sectores de oposición y de defensa de derechos humanos advierten sobre la inconstitucionalidad de un régimen que limite el debido proceso o someta a los internos a condiciones contrarias a la dignidad humana.
Hasta ahora, el equipo de De La Espriella no ha detallado públicamente el articulado, los plazos ni la fuente de financiación del proyecto. Periodismo Público describió la idea como un cambio total del escenario de reclusión, pero el alcance operativo del plan dependerá de cómo se concrete una vez el candidato lo presente formalmente en su programa de Gobierno.
Por ahora, la propuesta queda instalada en la opinión pública como uno de los puntos más llamativos de la campaña y como un elemento a evaluar frente al sistema carcelario actual, que enfrenta problemas estructurales de hacinamiento, violencia y capacidad institucional para garantizar la reinserción y la seguridad de los internos.