El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó la apuesta del Gobierno de construir 10 megacárceles en Colombia durante su intervención en la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, según registró Portafolio. La declaración pone sobre la mesa un plan de infraestructura penitenciaria de gran escala en un país que arrastra históricamente problemas de hacinamiento.
El anuncio llega en medio del trámite presupuestal, la pieza que define cada año cuánto dinero ejecutará el Estado. Asegurar partidas para un proyecto de esta magnitud implica comprometer recursos de vigencias futuras, pues las megacárceles requieren inversión plurianual en obra, tecnología y operación.
En Colombia, el sistema penitenciario está a cargo del INPEC y la USPEC, entidades que administran los establecimientos de reclusión y los recursos para su mantenimiento. El país supera los 100.000 internos y registra niveles de hacinamiento que las autoridades han reconocido como una crisis estructural, un antecedente que da peso al debate sobre la necesidad de más cupos.
El concepto de megacárcel, usado en otros países de la región, apunta a concentrar internos en complejos de gran tamaño con esquemas de seguridad perimetral y servicios centralizados. Sus defensores sostienen que mejoran la seguridad y reducen costos operativos. Sus críticos alertan sobre riesgos de gobernabilidad interna, tratamiento resocializador y exposición a hechos de corrupción.
El plan afectaría de forma directa a la población privada de la libertad y a sus familias, que dependen de visitas, traslados y acceso a servicios jurídicos dentro de los penales. También impacta a los trabajadores del INPEC, a la Fuerza Pública que realiza traslados y a las comunidades vecinas de los futuros complejos, que suelen modificar dinámicas locales de empleo y seguridad.
Para los ciudadanos en general, la decisión presupuestal tiene efectos fiscales: construir y operar diez megacárceles por varios años representa una asignación sostenida que compite con recursos para salud, educación o vías. La discusión en el Congreso sobre el PGN 2027 será el escenario donde se definirá si esos rubros quedan blindados.
Cancino también ha planteado reformas en política criminal y resocialización. La construcción de cupos suele acompañarse de cambios en los modelos de vigilancia, en los esquemas de vigilancia electrónica y en programas de trabajo y estudio dentro de los penales, un debate que quedó abierto tras la confirmación inicial de la iniciativa.
Quedan pendientes puntos clave del proyecto: la ubicación de los diez complejos, los mecanismos de contratación, el cronograma de entregas y las fuentes específicas de financiación. El Ministerio de Justicia deberá precisar esos detalles en las próximas semanas, mientras avanza el debate presupuestal en el Legislativo.