El Presupuesto General de la Nación para 2027 continúa sin destrabarse en el Congreso. El Ejecutivo radicó su propuesta de ajuste y avaló únicamente 615 proposiciones, mientras el resto de los movimientos solicitados por los legisladores quedaron pendientes de negociación, según informó Infobae.
La cifra de 615 proposiciones sin respaldo evidencia el tamaño del desencuentro entre el Gobierno y el Congreso en la recta final del trámite presupuestal. Cada proposición representa un intento de modificar las partidas asignadas a ministerios, entidades descentralizadas y proyectos regionales.
La propuesta del Ejecutivo contempla mover cerca de $3 billones entre sectores. Los ajustes planteados afectan de manera directa a cinco carteras: salud, defensa, vivienda, vías y deporte. El monto total de la reasignación es bajo frente al tamaño del presupuesto nacional, lo que limita el margen para atender demandas adicionales.
El presupuesto de cada año es la herramienta con la que el Estado fija sus prioridades de gasto. Incluye los recursos para funcionamiento de ministerios, inversión en infraestructura, programas sociales, pago de deuda y transferencias a regiones. Su aprobación requiere cuatro debates en el Congreso y debe estar listo antes del 20 de octubre para entrar en vigencia el 1 de enero del año siguiente.
En la práctica, el trámite presupuestal colombiano suele convertirse en un espacio de negociación política. Los congresistas buscan reasignar partidas hacia sus regiones o sectores de interés, mientras el Ministerio de Hacienda defiende la disciplina macroeconómica y la coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
El bloqueo actual afecta principalmente a los sectores mencionados. En salud, la discusión gira en torno a los recursos para el sistema de aseguramiento y la red pública hospitalaria. En defensa, pesan los compromisos de modernización y pie de fuerza. En infraestructura, están en juego proyectos de vías terciarias y obras regionales.
Las consecuencias para la ciudadanía son directas. Si el presupuesto no se aprueba a tiempo, el Gobierno puede operar mediante decretos de prórroga, pero sin las modificaciones incluidas en el trámite. Eso congela partidas y retrasa el inicio de proyectos que dependen de la nueva ley.
Desde el Congreso, distintos voceros han reclamado mayor apertura al diálogo. El Ejecutivo, por su parte, sostiene que los movimientos pedidos no tienen sustento fiscal viable. La negociación deberá resolverse en las próximas semanas, antes del cierre del periodo legislativo.
Por ahora, el presupuesto de 2027 sigue trabado. Los $3 billones propuestos para reasignación marcan el límite que el Gobierno está dispuesto a mover, y las 615 proposiciones rechazadas quedan como punto de partida para una nueva ronda de conversaciones entre Hacienda y las comisiones económicas.