El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 atraviesa un momento decisivo en el Congreso de la República. Las comisiones económicas, encargadas de estudiar la iniciativa en primer debate, deben cumplir con los plazos establecidos para evitar que el trámite se extienda más de lo previsto. Así lo reportó Diario del Sur en su edición de Noticias de hoy.
Uno de los tropiezos más recientes fue la inasistencia de ministros del gobierno nacional a una sesión programada para discutir el articulado. La falta de los funcionarios impide que se aclaren dudas técnicas sobre los rubros incluidos en el proyecto y frena la votación de los primeros artículos.
El Presupuesto General de la Nación es la herramienta mediante la cual el Ejecutivo le asigna recursos a cada sector del Estado para el año siguiente. Incluye partidas para salud, educación, defensa, infraestructura, pensiones y funcionamiento de las entidades públicas. Por eso, su aprobación marca el inicio del calendario fiscal del año entrante.
Cada año, el Ministerio de Hacienda radica el proyecto ante el Congreso, que tiene plazo hasta el 20 de octubre para aprobarlo en primer debate y hasta el 30 de noviembre para conciliarlo. Si los tiempos no se cumplen, el gobierno debe trabajar con un decreto de liquidación temporal o con las cuentas del año anterior.
La ausencia de los ministros en las sesiones de comisión ha sido señalada por distintos sectores como un factor que ralentiza el estudio del proyecto. Los congresistas necesitan interlocutores del Ejecutivo para conocer los supuestos macroeconómicos, la proyección de ingresos y el destino de cada partida.
El trámite del presupuesto coincide con el inicio del periodo del presidente Abelardo de la Espriella, cuyo gobierno presentó esta iniciativa como parte de su plan fiscal. El desenlace en el Congreso será una de las primeras pruebas de la relación entre el Ejecutivo y las bancadas legislativas.
Hasta el momento, las comisiones económicas no han emitido un concepto definitivo sobre los primeros bloques del articulado. Las sesiones suspendidas deberán reprogramarse y los equipos técnicos de los ministerios deberán asistir para responder las preguntas pendientes de los congresistas.
Si el trámite no avanza en las próximas semanas, el riesgo es que se acumulen las discusiones y se reduzca el tiempo disponible antes del cierre legislativo. Sectores como la salud y la educación, que dependen de partidas específicas, suelen seguir de cerca cada artículo aprobado.