El gobierno que asumirá el poder bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella anunció que pondrá bajo revisión una serie de decretos expedidos por la administración de Gustavo Petro relacionados con el régimen de primas en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La decisión surge luego de que se conocieran montos que, según el reporte de El Colombiano, alcanzarían los 670 millones de pesos por funcionario en algunos casos.
De acuerdo con la información publicada por El Colombiano, los decretos en cuestión regulan los estímulos económicos que reciben ciertos servidores de la Cancillería, en especial quienes ocupan cargos en el servicio exterior. El régimen de primas y bonificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una larga tradición en la legislación colombiana y se ha modificado en distintas oportunidades para adaptarse a la disponibilidad presupuestal y a la política exterior de cada gobierno.
El gobierno entrante aseguró que el empalme con la administración de Gustavo Petro no se detendrá, aunque dejó claro que ya no se sentará en la misma mesa con el equipo saliente. Esa ruptura en el proceso formal de transición no impide, según voceros del nuevo gobierno, que se siga recolectando información sobre los actos administrativos expedidos en los últimos meses.
La Cancillería es una de las entidades del Estado colombiano con mayor dispersión geográfica, pues mantiene misiones diplomáticas y consulados en decenas de países. Por esa razón, su régimen salarial suele contemplar componentes adicionales al sueldo básico, entre ellos primas de instalación, de traslado y de representación, cuyo propósito histórico ha sido compensar los costos de vida en el exterior y la rotación del personal.
La revisión de estos decretos llega en un momento sensible para la política exterior colombiana. El país atraviesa cambios en su relación con varios Estados, gestiona su presencia en organismos multilaterales y enfrenta retos en materia migratoria, comercial y de seguridad regional. Cualquier ajuste en la estructura de incentivos de la Cancillería puede tener efectos sobre la retención de personal diplomático con experiencia.
Desde el punto de vista fiscal, las primas cuestionadas representan un capítulo puntual dentro del presupuesto nacional, pero se inscriben en un debate más amplio sobre el tamaño y la composición del gasto público. Organizaciones de control ciudadano y veedurías suelen pedir que los estímulos salariales en entidades del orden nacional estén respaldados por estudios técnicos y por principios de equidad interna.
El gobierno entrante no ha anunciado, por ahora, si solicitará la suspensión inmediata de los decretos o si abrirá una etapa formal de revisión jurídica. Tampoco se ha precisado cuántos funcionarios resultarían afectados por eventuales modificaciones. Lo que queda claro, según el reporte, es que el nuevo equipo considera prioritario revisar cada acto administrativo antes de asumir funciones.
La administración de Gustavo Petro, por su parte, no se ha pronunciado de manera pública sobre este anuncio. La transición entre gobiernos en Colombia contempla, por ley, un proceso de empalme en el que se entregan balances de gestión, informes presupuestales y un inventario de decisiones en curso. Cuando ese proceso se ve alterado, como parece ocurrir en este caso, la revisión posterior se vuelve más relevante para el equipo que recibe el poder.
En las próximas semanas se espera que el nuevo gobierno detalle el alcance de la auditoría sobre los decretos de la Cancillería y defina si pedirá concepto a la Procuraduría, a la Contraloría o a la propia cartera de Relaciones Exteriores. Mientras tanto, el caso reabre el debate sobre la pertinencia, los montos y la transparencia del régimen de primas en una de las entidades más sensibles del Estado colombiano.