Según una primicia de Caracol Radio, el gobierno entrante de Abelardo de La Espriella prepara una reforma tributaria que apunta a dos frentes simultáneos: reducir el gasto público en alrededor de 20 billones de pesos y conseguir nuevos ingresos mediante cambios en impuestos al consumo y a la renta.
El recorte del gasto se concentra en la eliminación de cargos públicos y en la revisión de contratos por prestación de servicios, una figura que durante las últimas décadas se ha usado en distintas entidades estatales para vincular personal sin relación de carrera administrativa. La reducción de esta modalidad de contratación suele tener efectos directos sobre la planta de personal temporal del Estado.
En el lado de los ingresos, la propuesta contempla subir el IVA a algunos sectores sin afectar la canasta básica familiar, lo que representa una decisión política sensible porque la canasta básica define la lista de bienes que tienen tarifa reducida o exclusión del impuesto. También se analiza modificar el grupo de personas obligadas a declarar renta, un mecanismo que el Estado utiliza para ampliar la base de contribuyentes.
De acuerdo con Caracol Radio, algunos de los puntos que analiza el nuevo gobierno ya hacen parte de la reforma tributaria que el gobierno de Gustavo Petro radicó en el Congreso. Esa coincidencia parcial es relevante porque el trámite legislativo de la reforma anterior sigue su curso en el Capitolio, y una nueva iniciativa debería conciliarse con ese expediente o archivarlo.
Una tributaria de esta magnitud afecta de manera directa a los hogares colombianos. Un alza del IVA en sectores distintos a la canasta básica encarece productos y servicios específicos, mientras que los cambios en la declaración de renta pueden ampliar el número de ciudadanos obligados a presentar la declaración, incluso si no terminan pagando impuesto.
Para el sector empresarial, la combinación de menor contratación pública y cambios en impuestos redefine el tamaño de la demanda estatal y la carga tributaria sobre la actividad productiva. Las empresas que dependen de contratos con el gobierno verían ajustados sus ingresos, y los sectores alcanzados por el IVA asumirían una presión adicional sobre precios y márgenes.
En el plano institucional, el éxito de la reforma depende de su trámite en el Congreso, donde requiere mayorías especiales por tratarse de tributos. La existencia de un proyecto previo radicado por la administración saliente obliga al nuevo gobierno a definir si recoge esa iniciativa, la sustituye o la complementa, decisión que marcará el calendario legislativo del primer año de mandato.
El gobierno entrante aún no ha oficializado el texto del proyecto, por lo que las versiones sobre el alcance del recorte y los sectores afectados con el IVA se mantienen como una filtración en fase de análisis. Queda por verse el contenido exacto de la propuesta, su articulación con la reforma en curso y la reacción de los partidos políticos en el Congreso.