Según la primicia publicada por El Colombiano, el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella tiene entre sus primeras decisiones la derogación de las 22 Entidades Territoriales Indígenas (ETI) que el gobierno de Gustavo Petro creó durante su mandato. La figura de las ETI, conocidas también como “territorios federales”, es uno de los legados más sensibles del gobierno saliente en materia de política territorial con pueblos originarios.
El reporte de El Colombiano describe que esos 22 territorios quedaron “amarrados” por la administración Petro, lo que sugiere que su configuración jurídica o administrativa quedó en curso al finalizar el periodo. La derogación anunciada por el gobierno entrante implicaría dejar sin efecto la creación de esos entes territoriales antes de que entren en operación plena.
La decisión se enmarca en el arranque del nuevo gobierno, que ha señalado la necesidad de revisar las figuras territoriales creadas en el cuatrienio anterior. Las ETI hacen parte de los avances del gobierno Petro en el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas, un proceso que se remonta a los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016 y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la consulta previa y los derechos étnicos.
Para los pueblos indígenas involucrados, la creación de las ETI representaba la posibilidad de administrar directamente sus territorios, con recursos propios y competencias que normalmente ejercen los municipios. La derogación significaría, en la práctica, regresar a la figura anterior o abrir un nuevo debate sobre la forma como se reconoce la jurisdicción especial de esos pueblos dentro del Estado colombiano.
Desde el punto de vista institucional, las ETI habían sido promovidas como una herramienta para fortalecer la gobernanza indígena y avanzar en el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Final con las FARC, en particular el punto sobre participación política y garantías para los movimientos sociales y étnicos. La decisión del gobierno entrante reabre el debate sobre cómo se materializa ese reconocimiento sin afectar la integridad del territorio nacional.
La medida tendrá efectos sobre las comunidades que esperaban la puesta en marcha de esas entidades, así como sobre las alcaldías y gobernaciones de los departamentos donde se ubican los 22 territorios. Habrá un período de transición en el que se deberán resolver situaciones administrativas, contractuales y presupuestales que ya se hubieran adelantado en el marco de la creación de las ETI.
El Colombiano presenta esta noticia como una primicia y la ubica entre los “primeros actos” del gobierno de De la Espriella, lo que indica que la derogación se tramitará en los primeros días de la nueva administración. Por ahora no se conocen detalles sobre el mecanismo jurídico que se usará, si será un decreto presidencial o un proyecto de ley, ni sobre los plazos que tendrá la transición.
Queda pendiente conocer la reacción de las organizaciones indígenas nacionales, como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y otras autoridades tradicionales, que durante el gobierno Petro participaron en la estructuración de las ETI. También se aguarda la posición del Ministerio del Interior y de los organismos de control frente a los alcances de esta derogación.