El Ministerio de las Culturas de Colombia firmó un reglamento orientado a restringir las actividades taurinas en el país, de acuerdo con el reporte publicado por el diario La Razón. La disposición fue expedida a pocas semanas de las ferias programadas en Cali y Manizales, lo que prendió las alarmas entre organizadores, toreros y autoridades locales.
Según la fuente, el decreto busca imponer la llamada censura taurina de forma inmediata. El término, empleado por La Razón, alude a las restricciones administrativas que impiden la celebración de corridas, novilladas, tientas y demás eventos vinculados a la tauromaquia. El medio describe la decisión como un acto de "prisas de última hora y sectarismo", una valoración editorial que recoge la percepción del sector afectado.
La tauromaquia es una actividad declarada parte del patrimonio cultural de Colombia por la Ley 916 de 2004, que la reconoció como expresión artística y cultural. A partir de ese marco, las ferias taurinas cuentan con regulación específica en materia de seguridad, derechos de los animales y contratación de los espectáculos. Cualquier restricción adicional, como la que ahora se plantea, supone un debate jurídico sobre los alcances del reconocimiento patrimonial frente a las potestades regulatorias del Ministerio.
Las ferias de Cali, celebradas tradicionalmente entre diciembre y enero, y la Feria de Manizales, que tiene lugar en enero, son los dos últimos grandes ciclos taurinos del calendario colombiano. Estos eventos convocan a miles de asistentes y generan empleo directo e indirecto en sus regiones. Su cancelación o suspensión parcial tendría efectos sobre hoteles, restaurantes, transportadores y el comercio local, según han advertido en distintas ocasiones los gremios del sector.
La Razón señala que el reglamento fue firmado sin un proceso amplio de concertación con los territorios donde se realizan las ferias. El medio sostiene que el trasfondo del decreto responde a una decisión política del Ministerio de las Culturas. Hasta el momento, no se han detallado públicamente los artículos específicos del reglamento ni los plazos de transición que se contemplan para los espectáculos ya programados.
En el plano institucional, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes es la entidad competente para formular y ejecutar la política cultural del país. Dentro de sus funciones está la de velar por la protección y promoción de las expresiones culturales reconocidas, entre ellas la tauromaquia. Por esa razón, las decisiones del Ministerio en esta materia suelen ser objeto de revisión por parte de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa cuando se interponen acciones legales.
Los gobiernos municipales de Cali y Manizales, junto con las respectivas alcaldías, han sido tradicionalmente aliados en la organización de las ferias taurinas. En pasadas discusiones sobre el tema, mandatarios locales y gremios han pedido que cualquier cambio normativo se discuta con ellos antes de su expedición. La Razón advierte que esta vez no se abrió ese espacio de diálogo previo, lo que aumenta la incertidumbre sobre la celebración de los próximos ciclos.
El sector taurino colombiano, agrupado en torno a la Federación Nacional de Taurinos y otras agremiaciones, ha anunciado que analiza acciones jurídicas para defender la realización de las ferias. En escenarios similares, el gremio ha acudido a tutelas y acciones populares argumentando la protección de derechos culturales y económicos. El desenlace de esas acciones suele definir si los espectáculos se mantienen, se modifican o se suspenden.
La ciudadanía espera ahora la publicación oficial del texto en el Diario Oficial y los pronunciamientos del Ministerio sobre los alcances del reglamento. También está pendiente la respuesta del sector taurino y de las alcaldías de Cali y Manizales, que son las directamente involucradas en la organización de las ferias. Lo que ocurra en los próximos días marcará si Colombia cierra o no su temporada taurina 2025-2026 con normalidad.
Según la fuente consultada, el decreto no se limita a los próximos eventos, sino que forma parte de una política más amplia que busca la eliminación progresiva de las corridas en el país. Esa intención de fondo, de ser confirmada, abre un debate nacional sobre el lugar de la tauromaquia en la cultura colombiana y sobre quién define ese rumbo: el Ministerio, el Congreso o los territorios donde la actividad tiene arraigo histórico.