Proantioquia, junto con 70 empresas del departamento, entregó al Gobierno nacional una propuesta para crear el mecanismo Reconstrucción por Impuestos (REXI). Según reportó abc Economía, la iniciativa busca que el sector empresarial financie directamente obras de reconstrucción en las zonas damnificadas por el sismo, usando una parte de los impuestos que esas mismas compañías pagan al Estado.
La idea central del REXI es permitir que las empresas destinen recursos al pago de impuestos a obras de reconstrucción, previa autorización del Gobierno. Bajo este esquema, el dinero se ejecuta en proyectos específicos de infraestructura, vivienda y servicios en los municipios más afectados, en lugar de entrar al presupuesto general de la Nación.
Proantioquia es una de las agremiaciones empresariales más antiguas de Colombia y reúne a los principales sectores productivos de Antioquia. Su papel suele ser de articulador entre el sector privado, las autoridades locales y el Gobierno nacional, especialmente en momentos de crisis regional. Tras el sismo, la organización activó su red de socios para consolidar la propuesta y presentarla de manera conjunta.
El mecanismo que se plantea se inspira en figuras similares que ya operan en el país. Colombia cuenta desde hace varios años con el programa Obras por Impuestos, que permite a las personas jurídicas financiar proyectos de impacto social en los municipios más afectados por el conflicto y la pobreza, a través de la figura de Asociaciones Público Privadas. La novel REXI buscaría adaptar ese instrumento a la emergencia causada por el movimiento telúrico.
La urgencia de la propuesta responde a la magnitud de los daños registrados en varias regiones. El sismo, según el reporte oficial, dejó destrucción de viviendas, afectación en vías y daños en infraestructura pública y privada. Las alcaldías locales, muchas con presupuestos limitados, han señalado que la recuperación tomará años si se depende únicamente de los recursos ordinarios del Estado.
Para los proponentes, la ventaja del REXI es la velocidad de ejecución. El dinero de las empresas se asigna a proyectos concretos, con cronogramas claros y supervisión directa. Esto contrasta con los tiempos de la contratación pública tradicional, que suele ser más lenta y atravesar múltiples etapas administrativas.
La propuesta también incluye un componente de rendición de cuentas. Cada obra financiada bajo el REXI debería contar con informes públicos de avance y un mecanismo de seguimiento por parte de la comunidad y los entes de control. La intención es evitar los riesgos de corrupción y desvío de recursos que suelen aparecer en la contratación de emergencia.
Desde el sector empresarial, la lectura es que las empresas antioqueñas quieren contribuir a la reconstrucción sin esperar a que el presupuesto nacional se destine. Las compañías firmantes asumirían el compromiso de ejecutar las obras por su cuenta y luego recuperarían el monto mediante la compensación en el impuesto de renta.
El siguiente paso es que el Gobierno nacional evalúe la propuesta y, si la considera viable, la traduzca en un decreto o en un proyecto de ley que cree formalmente el REXI. También será necesario definir qué zonas serán priorizadas, qué tipo de obras se financiarán y cuál será el tope de la deducción para las empresas.
Por ahora, la propuesta queda sobre la mesa como un insumo para la conversación entre el sector privado y el Ejecutivo. La magnitud del compromiso que asuman las empresas y la respuesta del Gobierno serán las que determinen si el REXI se convierte en una herramienta efectiva para la reconstrucción tras el sismo.