La Procuraduría General de la Nación giró una instrucción a sus delegados para que intensifiquen el control preventivo sobre la gestión contractual de las entidades del orden nacional, según reportó Infobae. La directriz se conoce en plena recta final del gobierno de Gustavo Petro, a pocas semanas de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella.
El Ministerio Público fundamenta la decisión en el calendario de empalme entre las dos administraciones. El cambio de gobierno está previsto para el 7 de agosto, fecha en la que De la Espriella asumirá la Presidencia de la República. En ese contexto, la Procuraduría busca evitar que se suscriban, modifiquen o ejecuten contratos que comprometan recursos o generen obligaciones sin el debido a las que se establezcan en la transición.
De manera práctica, la instrucción pide a los procuradores judiciales que revisen los procesos contractuales en curso, los convenios interadministrativos y los actos administrativos expedidos en las últimas semanas. También se les solicitó que reporten cualquier irregularidad o riesgo identificado, con el fin de que el Ministerio Público pueda intervenir antes de que se materialicen posibles afectaciones al patrimonio público.
La medida se inscribe en la función constitucional de la Procuraduría, entidad encargada de velar por la correcta actuación de los servidores públicos y de ejercer la vigilancia preventiva sobre la conducta oficial. Este rol cobra especial relevancia en periodos de transición, cuando el volumen de decisiones administrativas suele acelerarse por el cierre de una administración y la llegada de otra.
Para los ciudadanos, la instrucción tiene implicaciones directas en la ejecución de obras, programas sociales y servicios públicos que dependen de contratos con el Estado. Una contratación revisada con rigor durante el empalme reduce el riesgo de que se adjudiquen proyectos sin estudios previos, se firmen contratos a largo plazo sin planeación o se hagan adiciones presupuestales sin justificación técnica.
Según Infobae, la directriz también contempla el seguimiento a los procesos de liquidación y entrega de contratos vigentes, así como al inventario de bienes y obligaciones que cada entidad deberá entregar al equipo entrante de De la Espriella. Con ello se busca que el nuevo gobierno reciba un panorama claro del estado real de la contratación pública.
El periodo de empalme entre gobiernos en Colombia suele incluir reuniones bilaterales entre equipos de transición, informes de gestión por dependencia y la entrega formal de los inventarios físicos y documentales. La intervención de la Procuraduría en esta fase no es inédita, pero su activación explícita señala la preocupación del Ministerio Público por la integridad de los procesos contractuales en un momento de alta sensibilidad institucional.
Queda por verse cómo responden las entidades nacionales a la instrucción y qué hallazgos reportarán los procuradores delegados en las próximas semanas. El resultado de esa vigilancia será uno de los insumos con los que el gobierno de De la Espriella arrancará su mandato, una vez se posesione el 7 de agosto.