La Procuraduría General de la Nación ordenó a sus delegados hacer un seguimiento riguroso de los procesos de contratación que las entidades públicas adelanten antes del 7 de agosto, día en que comienza el Gobierno de Abelardo De la Espriella. La directriz se conoce en un contexto de transición presidencial, un periodo en el que suele aumentar la firma de contratos y compromisos presupuestales, según ha advertido históricamente el propio Ministerio Público.
De acuerdo con lo informado por el periódico El Heraldo, la instrucción se traduce en una vigilancia especial sobre los procesos contractuales en curso. El propósito, según la entidad, es que cualquier decisión administrativa adoptada en los días previos al cambio de mando respete los principios de transparencia, legalidad y selección objetiva que rigen la contratación estatal en Colombia.
La Procuraduría es el organismo encargado de vigilar la conducta de los servidores públicos y de sancionar las faltas disciplinarias. Su intervención en la transición busca prevenir irregularidades como la suscripción de contratos sin estudios previos completos, la urgencia manifiesta sin justificación o la adjudicación de convenios con plazos que se extiendan más allá del periodo del gobierno saliente sin la debida justificación técnica.
El anuncio cobra relevancia porque los procesos de contratación que se firmen en las semanas previas al 7 de agosto estarán vigentes durante buena parte del nuevo Gobierno. Cualquier observación o hallazgo de la Procuraduría podrá derivar en investigaciones disciplinarias contra los funcionarios responsables y, en algunos casos, en la suspensión inmediata de los contratos cuestionados.
La instrucción también incluye el seguimiento a la ejecución de los contratos ya firmados, con el fin de verificar que las obras y los servicios contratados se presten conforme a lo pactado. La entidad recordó que los hallazgos en materia contractual pueden ser reportados a los mecanismos de control interno de cada entidad y a los organismos de control fiscal, como la Contraloría General de la República.
Para la ciudadanía, esta clase de vigilancia se traduce en la posibilidad de que los recursos públicos destinados a obras, salud, educación y otros sectores se ejecuten sin sobrecostos ni entregas incompletas. Las veedurías ciudadanas y los veedores inscritos ante la Procuraduría pueden solicitar copias de los expedientes y acompañar los procesos de seguimiento, siempre que los formatos de inscripción y los plazos de la convocatoria se cumplan.
En el ámbito político, la decisión del Ministerio Público se suma a los llamados que distintas voces han hecho para que la transición se maneje con austeridad y planeación. Sectores de oposición han pedido públicamente moderación en el gasto y en la suscripción de nuevos compromisos, mientras que distintos gremios han solicitado claridad sobre el futuro de proyectos estratégicos que están en etapa de ejecución.
Queda pendiente conocer el balance que la propia Procuraduría entregue tras la fecha del 7 de agosto, con el detalle de los hallazgos, los hallazgos disciplinarios abiertos y los procesos que fueron suspendidos o terminados de manera anticipada. Ese informe será clave para medir el alcance efectivo de la vigilancia ordenada en esta transición.
El nuevo Gobierno de Abelardo De la Espriella, por su parte, recibirá un inventario de la contratación en curso y deberá evaluar, junto con la Procuraduría y la Contraloría, la pertinencia de mantener, modificar o liquidar los compromisos heredados de la administración anterior. La rendición de cuentas sobre cada uno de esos procesos será una de las tareas iniciales del equipo que se posesione ese día.