El Gobierno de Colombia decidió prohibir el uso de celulares y cámaras dentro de los puestos de votación en las próximas elecciones, según reportó Metropolitano. La disposición apunta directamente a frenar la compra de votos, una práctica que las autoridades han intentado combatir en anteriores jornadas electorales sin lograr su eliminación total.
La medida también busca proteger dos principios básicos de cualquier democracia: la transparencia del proceso y el secreto del voto. Cuando un elector registra su decisión en el tarjetón, debe hacerlo libre de presiones, sin que nadie filme, fotografíe o transmita en vivo ese momento.
Colombia ya tenía antecedentes de restricciones similares en pasados debates electorales. En distintas regiones del país, especialmente en zonas rurales, se han documentado casos de personas que reciben dinero o promesas a cambio de votar por un candidato concreto y de mostrar, como prueba, el comprobante de votación.
La Registraduría Nacional del Estado Civil es la entidad encargada de organizar las elecciones en el país y de velar por el cumplimiento de las normas dentro de los puestos de votación. También la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral cumplen funciones de vigilancia sobre el comportamiento de los sufragantes y los testigos electorales.
Con la nueva restricción, cualquier ciudadano que ingrese a un colegio o lugar habilitado como mesa de votación deberá apagar su teléfono móvil o dejarlo en modo silencioso, y se abstendrá de tomar fotografías o grabar videos en el momento de ejercer el voto. La medida cubre tanto el salón donde funcionan las mesas como las zonas cercanas de acceso controlado.
Para los votantes, la implicación práctica es directa: quienes lleguen al puesto con su celular deberán guardarlo antes de acercarse a la urna. Las autoridades podrán retirar a quienes incumplan la prohibición, según los reglamentos electorales vigentes y lo dispuesto por los delegados de la Registraduría en cada mesa.
La decisión llega en un contexto de creciente preocupación por la influencia del dinero en la política regional. Investigaciones de la Fiscalía y reportes de prensa han señalado que la compra de votos se concentra en municipios con menor densidad institucional, donde los grupos interesados en controlar alcaldías, gobernaciones o corporaciones públicas destinan recursos a cambio de sufragios.
Otro frente que la restricción intenta cerrar es el de la propaganda electoral no autorizada. Capturas de pantalla y videos dentro de los puestos han servido en el pasado para difundir mensajes intimidatorios o para coordinar fraudes, lo que justifica, según el Gobierno, un control más estricto sobre los dispositivos móviles durante la jornada.
La medida se suma a otras herramientas de control ya existentes, como la identificación biométrica en algunos puestos piloto, la presencia de observadores electorales nacionales e internacionales y la veeduría ciudadana. Con este nuevo piso normativo, el Ejecutivo busca enviar un mensaje de rigidez frente a las irregularidades.
Queda pendiente conocer los detalles operativos de la norma: cómo se aplicará la restricción, qué sanciones concretas enfrentará quien incumpla y de qué forma las autoridades distinguirán entre el uso legítimo del teléfono, por ejemplo consultar el puesto de votación, y el uso prohibido como medio de prueba del voto. Esos puntos se deberán precisar en los próximos reglamentos de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral.