El abogado Héctor Pérez, quien ejerce como veedor ciudadano en Cartagena, radicó un derecho de petición dirigido al Gobierno Nacional con el fin de que se adopten medidas para racionalizar el consumo de energía eléctrica en el país. La solicitud fue reportada por el diario El Tiempo y surge en un contexto de preocupación por el impacto del fenómeno de El Niño sobre la capacidad de generación del sistema eléctrico colombiano.
Entre las propuestas planteadas por el veedor figuran tres ejes centrales. El primero es el establecimiento de topes al consumo eléctrico para hogares, comercios e industrias, con el propósito de desincentivar el uso innecesario. El segundo eje es la masificación de tecnología LED en el alumbrado público y privado, por su menor demanda energética frente a sistemas tradicionales. El tercero es la creación de incentivos para la instalación de paneles solares en viviendas y empresas.
La petición llega cuando el fenómeno de El Niño reduce los niveles de los embalses que alimentan las hidroeléctricas, fuente principal de la matriz eléctrica colombiana. En episodios previos de El Niño, el país ha tenido que recurrir a generación térmica con combustibles fósiles, lo que encarece la tarifa al usuario final y aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero. El riesgo de un apagón o de racionamientos programados ha sido mencionado por gremios del sector y por autoridades locales en distintas regiones del Caribe.
El derecho de petición es una herramienta constitucional que obliga a las entidades del Estado a responder de fondo en un plazo legal. En este caso, la solicitud va dirigida al Gobierno Nacional, lo que sugiere que las medidas propuestas requerirían articulación con ministerios como Minas y Energía, así como con entidades regulatorias como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el operador del mercado XM.
De prosperar la iniciativa, los topes de consumo implicarían un cambio de cultura energética en los hogares colombianos y un reto regulatorio para las empresas de servicios públicos. La instalación masiva de paneles solares, por su parte, depende de la regulación sobre autogeneración y de la capacidad financiera de familias y negocios para asumir la inversión inicial, aunque existen líneas de crédito y programas gubernamentales orientados a este fin.
La discusión sobre los alumbrados navideños, que ha sido tema de debate en ciudades como Cartagena en años anteriores, forma parte del debate más amplio sobre cómo prepararse para temporadas secas prolongadas. Reducir el consumo en iluminación decorativa durante diciembre es una de las medidas que algunas ciudades han adoptado de manera voluntaria o por directriz local, aunque la decisión sobre el particular suele recaer en los alcaldes y en las empresas de energía locales.
El contexto inmediato es claro: el Ideam y otras entidades han advertido sobre la intensidad del fenómeno climático actual, y el sector eléctrico colombiano ha encendido alertas en diversas regiones. La respuesta del Gobierno Nacional a este derecho de petición, así como las acciones concretas que adopte en las próximas semanas, serán observadas por veedurías, gremios y usuarios del servicio, especialmente en la costa Caribe, donde las altas temperaturas elevan la demanda de aire acondicionado.
Por ahora, la solicitud del veedor cartagenero reabre el debate sobre la eficiencia energética y la diversificación de la matriz eléctrica. La decisión final sobre si se imponen topes, se acelera la migración a LED o se fortalecen los incentivos para la energía solar queda en manos del Ejecutivo y de los organismos reguladores, que deberán evaluar la viabilidad técnica, financiera y jurídica de cada propuesta.