A pocos días de dejar el poder, el Gobierno Petro radicó una propuesta que busca cambiar las reglas del registro nacional de hospedaje. La iniciativa prendió las alarmas entre operadores turísticos, que temen un golpe directo a los emprendedores que ofrecen alojamiento a través de plataformas digitales como Airbnb y similares.
Según reportó Infobae, la preocupación central del sector es que los nuevos requisitos pongan en riesgo miles de empleos y una fuente de ingresos que hoy sostiene a familias en distintas regiones del país. Voceros del gremio consultados por ese medio calificaron la propuesta como grave para los emprendedores del ramo.
El registro de hospedaje es el instrumento que controla la operación formal de los prestadores de servicios de alojamiento en Colombia. Funciona como la puerta de entrada para que un establecimiento, sea hotel, hostal o vivienda turística, pueda operar dentro del marco legal. Cambiar sus condiciones, según los críticos, altera las reglas de juego para miles de personas que ya se inscribieron y trabajan bajo las reglas actuales.
El debate ocurre en un momento sensible. El sector de hospedaje no tradicional viene creciendo con fuerza en ciudades turísticas como Cartagena, Santa Marta, Medellín y el Eje Cafetero, donde la oferta de alojamientos por plataformas se convirtió en una alternativa real frente a la hotelería tradicional. Para muchos municipios, esos ingresos representan una parte significativa del recaudo local.
De un lado está el Gobierno Nacional, que plantea modificar las reglas con el argumento de ordenar el mercado y cerrar espacios a la informalidad. Del otro, los operadores turísticos, que piden garantías para no perder lo construido hasta ahora y exigen ser escuchados antes de que se apruebe cualquier cambio.
Los emprendedores del sector han advertido que las plataformas digitales no solo dinamizan el turismo, también generan empleo directo en limpieza, administración, transporte y gastronomía. Un ajuste en el registro que eleve costos o imponga requisitos difíciles de cumplir podría expulsar del mercado a los actores más pequeños.
El extracto de Infobae no detalla qué artículo ni qué decreto específico se discute, ni precisa los cambios puntuales que propone el Gobierno. La nota tampoco incluye cifras de empleos en riesgo ni número de prestadores inscritos. Estos datos son clave para dimensionar el alcance de la pelea.
Lo que queda en el aire es si la propuesta avanza en el Congreso o si se queda en el papel, y si el próximo gobierno, encabezado por Abelardo de la Espriella, la recoge, la modifica o la archiva. Mientras tanto, los operadores turísticos piden una mesa de diálogo antes de que se tome una decisión definitiva.
El pulso entre regulación y desarrollo de la economía digital sigue abierto. Por ahora, el mensaje del sector es claro: cualquier cambio al registro debe construirse con quienes viven del alojamiento todos los días, no contra ellos.