El Departamento para la Prosperidad Social salió al cruce de las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella y negó que el programa Colombia Mayor esté desfinanciado. En un comunicado dirigido al jefe de Estado, la entidad afirmó que las transferencias a los beneficiarios del programa cuentan con una bolsa anual de 8,4 billones de pesos y que los recursos están asegurados, según reportó Infobae.
Colombia Mayor es el programa de transferencias monetarias no contributivas del Gobierno nacional orientado a adultos mayores en situación de pobreza o vulnerabilidad. El programa entrega un subsidio periódico a las personas que cumplen con criterios de focalización, como no recibir pensión ni estar afiliados al régimen contributivo de salud. La entrega de los recursos se hace a través de operadores de pago y llega de forma directa a los beneficiarios, sin intermediarios.
La discusión se originó en un pronunciamiento del presidente Abelardo de la Espriella, quien planteó la posibilidad de un desfinanciamiento del programa. La Prosperidad Social contestó punto por punto y sostuvo, con cifras, que las transferencias están cubiertas. La entidad también señaló que existen reservas presupuestales y mecanismos de cofinanciación que blindan el pago a los adultos mayores inscritos.
En lo operativo, Colombia Mayor llega a casi tres millones de personas en todo el país, una cifra que lo convierte en uno de los programas sociales con mayor cobertura individual del Estado colombiano. El monto del subsidio se entrega de forma mensual y ha tenido ajustes periódicos en las administraciones anteriores, dentro del marco del gasto social del Presupuesto General de la Nación.
La garantía de pagos hasta 2026 implica que los beneficiarios actuales pueden esperar la continuidad de los giros en el corto y mediano plazo, sin interrupciones por falta de apropiación presupuestal. Eso reduce la incertidumbre entre los adultos mayores y sus familias, que dependen de estos recursos para cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos y servicios del hogar.
La controversia dejó ver la tensión entre el discurso presidencial y las explicaciones técnicas del Departamento para la Prosperidad Social, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y responsable de ejecutar la política social. La diferencia de criterios abrió un debate sobre la transparencia en el manejo de los recursos y sobre la necesidad de que la ciudadanía conozca cómo se financian los programas que la afectan de manera directa.
Para los hogares receptores, lo concreto es que los depósitos programados se mantendrán en las fechas previstas y que los criterios de permanencia se seguirán aplicando según la normatividad vigente. Quienes quieran verificar su estatus pueden consultar los canales oficiales del programa, como la página web de Prosperidad Social y los puntos de atención del operador de pago asignado.
Queda por delante la aclaración final sobre las cifras mencionadas por el presidente en su anuncio inicial y el papel que jugará el Presupuesto General de las próximas vigencias en la ampliación o ajuste del programa. También queda pendiente el monitoreo ciudadano sobre la cobertura real, los montos entregados y la oportunidad de los giros, datos que permiten verificar si la garantía anunciada se cumple en la práctica.