El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella endureció las reglas orientadas a impedir bloqueos en el marco de las jornadas de protesta social, según informó CAMBIO Colombia. La decisión se conoce en un contexto de creciente movilización ciudadana en distintas regiones del país.
De forma paralela, la Policía Nacional reiteró su compromiso de respetar las marchas pacíficas. La institución indicó que las garantías para la protesta se mantienen dentro del marco constitucional, al tiempo que descartó el uso indiscriminado de la fuerza contra quienes se manifiesten de manera no violenta.
La diferencia entre marchas y bloqueos es central en la nueva directriz. El Ejecutivo busca que las autoridades actúen con mayor firmeza cuando las manifestaciones impidan la libre circulación de personas y mercancías, una práctica que en episodios recientes ha afectado la movilidad y la actividad económica en departamentos como Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
El endurecimiento de las reglas contra los bloqueos se inscribe en un debate de larga data en Colombia. La protesta social es un derecho protegido por la Constitución de 1991, pero los cierres de vías han sido objeto de controversia por su impacto sobre el abastecimiento, la atención en salud y el acceso a servicios públicos en zonas afectadas.
La postura del Gobierno contrasta con la de sectores sociales y de derechos humanos, que suelen advertir sobre el riesgo de criminalizar la protesta. Organizaciones como la Defensoría del Pueblo han llamado en otras oportunidades a distinguir entre expresiones pacíficas y hechos vandálicos, y a investigar cualquier exceso de la fuerza pública.
Para la ciudadanía, el anuncio tiene efectos directos. Quienes dependen de corredores viales para transportar alimentos, insumos médicos o productos agrícolas enfrentan pérdidas cuando se presentan bloqueos prolongados, mientras que los manifestantes piden que se garantice el derecho a la movilización sin represalias.
La Policía, como cuerpo armado encargado de velar por la seguridad y la convivencia, tiene el reto de aplicar los protocolos vigentes de manera proporcional. ElManual de Derechos Humanos aplicado a la Función Policial, suscrito por el Ministerio de Defensa, establece criterios de actuación frente a multitudes y disturbios.
La decisión del Gobierno de la Espriella también llega en un momento de revisión de la política de seguridad. El Ejecutivo ha privilegiado la protección de la infraestructura y la libre circulación como ejes de la gestión policial, una línea que ahora se articula con las nuevas reglas contra bloqueos.
Queda pendiente conocer el contenido exacto de las medidas administrativas adoptadas y si estas requerirán decretos reglamentarios o circulares internas de la Policía. La implementación práctica en las próximas jornadas de protesta será clave para medir el equilibrio entre el derecho a la protesta y la defensa de la movilidad.