Una senadora del Pacto Histórico, Sandra Chindoy, radicó un proyecto de ley que busca convertir en obligatoria la transición ordenada de poder cuando termina un mandato presidencial y comienza el siguiente. Según Infobae, la congresista fundamentó su propuesta en el argumento de que el Estado colombiano no empieza de cero con cada cambio de gobierno, una idea según la cual la continuidad administrativa debe garantizarse por ley.
El proyecto se apoya en una consigna que ya circula en el debate público: "sin empalme no hay posesión". Con esa fórmula, la autora plantea que ningún presidente debería asumir el cargo sin haber recibido antes, de manera formal y verificable, la información sobre el estado de las entidades, los programas en ejecución y los compromisos pendientes del gobierno saliente.
En Colombia, la figura del empalme entre administraciones ha dependido tradicionalmente de la voluntad política de cada gobierno. Aunque existen manuales de transición elaborados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, no hay una norma de rango legal que obligue a las carteras, agencias y entidades descentralizadas a entregar reportes completos, ni que establezca plazos perentorios. Esa ausencia normativa es, justamente, el vacío que el articulado busca llenar.
La propuesta se inscribe en un debate más amplio sobre la continuidad de las políticas públicas. En países con tradición de alternancia democrática, los procesos de transición suelen estar regulados por ley o por acuerdos interinstitucionales que fijan cronogramas, equipos de enlace y mecanismos de rendición de cuentas. El proyecto toma ese referente como punto de comparación, según el extracto de la fuente, para plantear que Colombia debería avanzar en la misma dirección.
Para la ciudadanía, una transición ordenada puede traducirse en algo tan práctico como evitar la parálisis de los servicios públicos en los primeros meses del nuevo gobierno. Los empalmes deficientes han coincidido en varias ocasiones con demoras en el pago de nóminas, suspensión de contratos y desconocimiento del estado real de proyectos de infraestructura y programas sociales en curso. Una norma que reglamente ese paso podría reducir esos traumatismos.
El proyecto también tiene una lectura institucional: obligar a entregar información verificable sobre la gestión saliente fortalece los mecanismos de transparencia y control. Si el empalme se convierte en un requisito previo a la posesión, el Congreso, la Contraloría y la ciudadanía podrían contar con insumos más sólidos para evaluar lo recibido y exigir rendición de cuentas desde el primer día del nuevo mandato.
Quedan pendientes varios debates legislativos. El texto debe surtir los debates en comisión y plenaria de la Cámara que corresponda, y enfrentar el examen de constitucionalidad que precede a cualquier ley de esta naturaleza. También está por verse cómo se concilian los tiempos del empalme con los plazos establecidos por la Constitución para la posesión presidencial el 7 de agosto.
La autora pertenece al Pacto Histórico, partido de oposición que durante los últimos años ha reclamado mayor transparencia en los procesos de transición. El contexto político es relevante: el proyecto llega en un momento en el que distintas fuerzas han pedido reglas claras para el relevo de mando, lo que podría facilitar su discusión en el Legislativo, aunque el trámite final dependerá de la composición de las comisiones.