El presidente Abelardo De La Espriella se refirió públicamente a la propuesta del excandidato presidencial Enrique Gómez, quien planteó trasladar recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz hacia la Rama Judicial. La fórmula utilizada por el jefe de Estado, “publíquese y cúmplase”, es la misma que se emplea al sancionar una ley en Colombia, según reportó Revista Semana.
La expresión, propia del cierre de un acto legislativo, le dio al comentario un tono de respaldo oficial a una idea que venía del debate ciudadano y no de un proyecto radicado en el Congreso. Con esa frase, el Presidente sugirió que la propuesta podría convertirse en una decisión de gobierno si prospera por los canales institucionales.
La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada por el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC. Su función es investigar, juzgar y sancionar los graves delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Desde su puesta en marcha ha concentrado debates por el costo de su operación y por la duración de los procesos que adelanta.
La Rama Judicial, por su parte, es la encargada de administrar justicia en el país mediante la Jurisdicción Ordinaria, la Contencioso Administrativa, la Constitucional y las jurisdicciones especiales. Un refuerzo presupuestal a esta rama impactaría directamente en la capacidad de los juzgados y tribunales para tramitar procesos, muchos de ellos congestionados por años de mora.
Gómez, conocido por sus posiciones críticas frente al sistema acordado con las FARC, ha sido una voz recurrente en la discusión sobre el futuro de la JEP. Su propuesta se suma a otras voces que han pedido revisar el presupuesto del organismo de justicia transicional, aunque hasta ahora sin un trámite formal en el Legislativo.
El pronunciamiento del Presidente ocurre en un contexto de discusión nacional sobre el equilibrio entre justicia transicional y justicia ordinaria. Sectores que defienden la JEP consideran que sus recursos deben blindarse para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto, mientras que críticos sostienen que esos fondos podrían destinarse a descongestionar los despachos judiciales del país.
En términos prácticos, mover recursos de la JEP a la Rama Judicial requeriría una ley de la República o una reforma constitucional, según el alcance del cambio. Ninguna de las dos vías se ha iniciado formalmente a raíz de estas declaraciones, por lo que la propuesta se mantiene en el plano del debate público.
El uso del “publíquese y cúmplase” por parte del Presidente fue interpretado por distintos analistas como un guiño político a una idea que calza con el discurso de eficiencia en el gasto público y de fortalecimiento de la justicia ordinaria. La frase también abre interrogantes sobre si el Ejecutivo acompañará un proyecto en esa dirección o si se trató de una declaración de opinión.
Por ahora, el tema queda en el terreno de la opinión presidencial y del debate mediático. Cualquier paso concreto dependería de que un congresista radique la iniciativa o de que el propio Gobierno la incluya en una reforma más amplia al sistema de justicia.
La Rama Judicial arrastra históricamente altos niveles de congestión de procesos, con miles de expedientes represados en juzgados laborales, civiles y penales. Una inyección presupuestal, señalan expertos en política judicial, permitiría crear nuevos despachos, digitalizar carpetas y reducir los tiempos de respuesta a los ciudadanos que hoy esperan años por un fallo.