La reforma laboral sancionada bajo el gobierno de Gustavo Petro es una de las piezas más discutidas del último período. Expertos citados por La FM explican ahora qué margen tendría el Ejecutivo encabezado por Abelardo de la Espriella para reversarla, modificarla o archivarla en la práctica.
El primer punto que subrayan los analistas es el carácter de ley ordinaria de la reforma. Al estar vigente y contar con control de constitucionalidad, cualquier cambio debe pasar por el Congreso de la República. Un decreto presidencial no podría derogarla por sí solo sin un pronunciamiento judicial de fondo.
Los especialistas describen al menos tres rutas posibles. La primera es presentar un proyecto de ley propio para modificar los artículos más sensibles. La segunda es impulsar una ley estatutaria o una nueva reforma que reordene los puntos centrales. La tercera, más extrema, consiste en buscar una declaratoria de inexequibilidad ante la Corte Constitucional, aunque ese camino depende de demandas ya en curso y no de la voluntad del nuevo gobierno.
En materia económica, los expertos recordados por La FM advierten que la productividad, la capacitación y la empleabilidad serían ejes clave para el nuevo gobierno. El SENA aparece como una herramienta central para acompañar cualquier ajuste en el mercado laboral, en la medida en que ofrece formación técnica y certificación de competencias.
El contexto institucional pesa. El país lleva varios meses con la reforma vigente y con litigios pendientes en los tribunales. Cualquier intento del gobierno entrante chocaría con esos procesos abiertos, lo que obligaría a una estrategia jurídica y legislativa paralela.
Para los trabajadores y los empleadores, el debate tiene efectos prácticos inmediatos. Si la reforma se mantiene, empresas y sindicatos deben seguir aplicando las nuevas reglas sobre jornada, contratación y remuneración. Si se modifica, las partes deberán readecuar cláusulas y procesos internos en un plazo que hoy no está definido.
Los expertos también llaman la atención sobre los tiempos políticos. El nuevo Congreso instalado tras las elecciones recientes no es el mismo que aprobó la reforma, lo que cambia los cálculos de gobernabilidad. La capacidad de De la Espriella para negociar con bancadas y partidos será determinante en el resultado final.
La FM señala que la decisión final dependerá de cómo el nuevo gobierno articule su equipo jurídico, su bancada en el Legislativo y su comunicación con los sectores productivos. Por ahora, el texto de la reforma sigue siendo la ley vigente, y su destino está sujeto al desarrollo de los próximos meses.
Queda pendiente, según los analistas, que el gobierno de De la Espriella defina su estrategia oficial. Hasta que no se conozca un proyecto concreto o una posición pública del nuevo presidente sobre la reforma laboral, los operadores jurídicos trabajarán con la norma actual y con la expectativa de posibles cambios legislativos.