La revocatoria de las visas de la senadora Martha Peralta y del empresario Euclides Torres por parte de Estados Unidos podría ser apenas el primer capítulo de una cadena de sanciones, según plantea un análisis de El Colombiano. La medida, adoptada por el gobierno estadounidense, afecta a dos figuras con presencia en la política y los negocios en Colombia.
El hecho tomó relevancia porque el presidente Abelardo de la Espriella ha propuesto que Washington incluya en la lista de la Ofac a personas señaladas de corrupción en Colombia. La Ofac, oficina del Tesoro estadounidense, administra sanciones financieras contra individuos y entidades vinculadas a actividades ilícitas en el ámbito internacional.
La propuesta del presidente se inscribe en la línea de cooperación bilateral en lucha contra la corrupción, un eje habitual de la relación entre Colombia y Estados Unidos. Hasta ahora, el gobierno colombiano ha expresado su interés en que mecanismos como la Ofac operen también contra nacionales señalados de hechos graves de corrupción, aunque el trámite depende de decisiones del Departamento del Tesoro.
La revocatoria de una visa es una facultad discrecional del gobierno estadounidense y no equivale a una designación formal en la lista de la Ofac. Sin embargo, según el análisis de El Colombiano, el gesto abre la puerta a que Washington evalúe sanciones más amplias contra personas vinculadas al poder político y económico en Colombia.
La medida afecta de manera directa a Peralta y Torres, al restringir su ingreso a territorio estadounidense. Para la ciudadanía, el episodio pone en primer plano el debate sobre los mecanismos internacionales con los que se combate la corrupción y sobre el tipo de cooperación que Colombia puede solicitar o esperar de sus aliados.
En el Congreso colombiano el tema genera expectativa, pues la sanción alcanza a una legisladora en ejercicio. Sectores políticos han pedido pronunciamientos oficiales sobre los hechos que motivaron la decisión estadounidense, mientras que el gobierno, según el reporte periodístico, busca encauzar la conversación hacia la cooperación con la Ofac.
Queda pendiente conocer si la administración estadounidense ampliará las medidas contra otros señalados en Colombia y si el gobierno de De la Espriella presentará formalmente los casos que considera deberían ser evaluados por la Ofac. Por ahora, el caso Peralta-Torres marca un precedente visible en la relación bilateral en materia de lucha contra la corrupción.
El Colombiano plantea que lo ocurrido podría ser el inicio de una serie de acciones coordinadas entre ambos países. El desarrollo de esa línea dependerá de los próximos anuncios del Tesoro de EE. UU. y de la consolidación de la propuesta presidencial en la agenda bilateral.