La cartera de Trabajo, bajo la administración de Abelardo de la Espriella, dejó sin efecto once decretos que habían sido firmados durante el gobierno de Gustavo Petro. La medida fue reportada por el medio Pulzo, que destacó el alcance de la derogación para distintos frentes de la regulación laboral en Colombia.
Para entender el peso de la decisión conviene recordar qué es un decreto derogatorio. Cuando un ministerio expide un decreto y luego dicta otro que lo deja sin vigencia, la norma anterior pierde sus efectos desde la fecha del nuevo decreto, siempre que este así lo exprese. En Colombia, esa figura está prevista en la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
El Ministerio del Trabajo es la entidad competente para dictar normas sobre relaciones laborales individuales y colectivas, jornada, remuneración, descanso y demás condiciones del empleo del sector privado. También regula aspectos del trabajo formal, la protección al trabajador y el diálogo social entre empleadores y empleados.
Durante los últimos años, el Ministerio del Trabajo expidió varios decretos reglamentarios de leyes aprobadas por el Congreso, entre ellos los relacionados con la reforma pensional, los cambios en la cotización a seguridad social y ajustes en contratación. Muchos de esos decretos quedaron consolidados como la interpretación oficial del Ejecutivo de turno.
La derogación de los once decretos implica que, mientras no se dicten nuevas normas que los reemplacen, las materias que regulaban quedan sin el lineamiento administrativo fijado por Petro. En algunos casos podrían aplicarse de nuevo las reglas que existían antes de esos decretos, o quedar el tema sujeto a la ley sin reglamentación específica, lo que puede generar vacíos temporales.
El sector empresarial suele pedir reglas claras y estables para tomar decisiones de contratación e inversión. El sector laboral, por su parte, suele pedir que las normas derogadas se sustituyan pronto para evitar retrocesos en conquistas sociales. La velocidad con la que el Ministerio dicte los nuevos decretos marcará el impacto real de esta derogación.
Una parte de los analistas consultados por distintos medios ha señalado que derogaciones masivas pueden generar incertidumbre jurídica en el corto plazo. Otra parte considera que, si los decretos anteriores presentaban fallas técnicas o contradicciones, derogarlos y expedir versiones corregidas es un ejercicio legítimo del nuevo gobierno.
Desde la óptica de los trabajadores, lo que cambia depende de cuál de los once decretos se derogue. En cuestiones como jornadas, recargos, formalización, tercerización, seguridad social o modalidades contractuales, los efectos pueden ir desde la pérdida de un beneficio reciente hasta el regreso a reglas previas. Pulzo no publicó en su extracto el listado puntual de los decretos, por lo que el detalle preciso deberá consultarse en la fuente original.
Por ahora, la ciudadanía, los empleadores y los operadores jurídicos esperan la publicación oficial de los decretos derogatorios en el Diario Oficial, único medio que da certeza sobre la vigencia de las normas en Colombia. Hasta entonces, cualquier análisis sobre el alcance definitivo es preliminar.
La derogación también reactiva el debate sobre el papel del Congreso en la regulación laboral. Si las materias afectadas requieren ley, el Ejecutivo tendrá que tramitar proyectos ante el Legislativo. Si son asuntos administrativos, basta con nuevos decretos. Esa distinción será clave en las próximas semanas.